San Felipe Tepatlán, Pue.- A un mes de la advertencia hecha porel Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) sobre empresas y derechos humanos que advirtió que el Estadomexicano debe cumplir las recomendaciones que haga en la SierraNorte de Puebla, las empresas que impulsan proyectoshidroeléctricos o mineros mandan señales que anticipan que noacatarán las resoluciones de ese equipo internacional de expertosy humanistas.

SEÑALES

El Consejo Estatal Forestal de Puebla aprobó el cambio de usode suelo para la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1,impulsado por la empresa Deselec-Comexhidro y que influye en tresmunicipios de esta Sierra Norte de Puebla, dos de ellosconsiderados en los índices de marginación y pobreza. Este cambiode uso de suelo, aprobado el pasado 7 de octubre, cambia el uso desuelo en un sistema de bosque mesófilo con característicasúnicas y con vegetación y fauna que ha tenido registros deespecies que estarían en peligro de extinción.

En Ixtacamaxtitlán las cosas no suena diferente, mientras losciudadanos, la empresa y varias entidades del gobierno seenfrentan, en diferentes causas legales que han promovido a travésde amparos, la ciudadanía está presionando para que el Cabildo deeste Ayuntamiento declare al territorio como zona libre deproyectos mineros.

Las filiales de la minera canadiense, Almaden Minerals, parecenno estar preocupadas por esta declaratoria y el resultado delamparo promovido por indígenas de la comarca, toda vez que,todavía en agosto de este año, en la página oficial de empresa,JD Poliquin, presidente de Almaden difundió: “Los resultados dehoy muestran una vez más la presencia del alto grado de venas enel proyecto Tuligtic. Si bien ahora estamos centrados endesarrollar el depósito Ixtaca en un significativo productor demetales preciosos en México, y actualmente están ocupados con eltrabajo y los estudios de ingeniería… también estamos llevandoa cabo la perforación de exploración para probar el potencial derecursos adicionales”.

PREOCUPACIÓN

Mientras tanto, activistas y organizaciones no gubernamentalestemen que haya presiones contra los miembros del Grupo de Trabajosobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de lasNaciones Unidas (ONU) para evitar sanción a las empresas uorganismos de gobierno que hayan cometido violaciones a derechoshumanos.

Según externaron los activistas consultados, la idea principalde esta visita a nuestro país, era integrar información queseñalara los argumentos con los que estas asociaciones civiles,activistas, indígenas y organizaciones no gubernamentales,acusaban a empresas y entidades de gobierno por los proyectos quepretenden impulsar en diversos puntos del país; así es comosumaron 60 informes, de los cuales 10 corresponden a proyectosimpulsados en territorio poblano, dos de ellos: en la Sierra Nortede Puebla.

No obstante, este titánico trabajo, la intención de establecerun acuerdo que obligue a las empresas a respetar los derechoshumanos y de no hacerlo haya algún tipo de sanción, podría nollegar a verse en la realidad, aun con la visita de este grupo detrabajo internacional, dada la presión que existe para que no selogre, lamentaron las fuentes consultadas.

ONU

Los trabajos que encabezó este grupo de trabajo iniciaron el 29de agosto pasado y terminaron el 7 de septiembre. Examinaron losesfuerzos del gobierno y las compañías para prevenir o abordarlos impactos negativos de las actividades empresariales sobre losderechos humanos.

Durante este tiempo se reunieron con autoridades, empresas,organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidadesafectadas por diferentes actividades empresariales. Encuentros quepermitieron –al Grupo de Trabajo– conocer el incumplimiento deldeber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresasde respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a lajusticia en caso de afectaciones a estos derechos.

Los testimonios que escucharon durante su visita, los miembrosde este grupo Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, fueron de personas ycomunidades afectadas por las actividades empresariales por lafalta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento,violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud ymedio ambiente, entre otros.

La gira incluyó cuatro estados de la República y, durante suvisita, al menos unas 100 organizaciones elaboraron 60 informes enel que evidenciaban las afectaciones cometidas por proyectosmineros, eólicos, extracción de hidrocarburos, entre otros, delos cuales 10 corresponden a proyectos que se están implementandoen territorio poblano.

A esto se suman 200 testimonios, principalmente por abusos yviolaciones a los derechos humanos cometidos por empresas, losgobiernos locales, estatal y federal, así como por la falta deinformación y garantías al derecho a la consulta libre, previa einformada, así como la referencia de casos en donde hubocriminalización y amenaza a los defensores de derechos humanos, dePuebla y todo el país.

En los 68 casos documentados se muestra que los derechosvulnerados –en el país– con más frecuencia son: a la tierra yel territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) yal medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales sedocumentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos(9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además,en más de 50% de los casos se documentaron intimidación yamenazas en contra de opositores a proyectos empresariales.

Ante ese panorama, este grupo de trabajo conminó a lasautoridades mexicanas del sector empresarial a garantizar laconsulta personas y comunidades afectadas por proyectos dedesarrollo y operaciones empresariales.

En su informe, este grupo reflejó que las principalespreocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos estánvinculadas a empresas que ejercen bajo un ejercicio inadecuado dela debida diligencia por parte del gobierno. Los expertos tambiénsubrayaron que periodistas y defensores de los derechos humanosdeben ser mejor protegidos, sobre todo ante los ataques deintimidación que no son aceptables y no serán tolerados.

Sulyandziga dijo que los distintos personajes consultadosreconocieron en su mayoría el impacto que ha tenido la violenciaen México, una problemática que para el Grupo de Trabajo“devalúa” todos los esfuerzos que el gobierno mexicano hahecho para mejorar la situación relacionada con las actividadesempresariales y los derechos humanos.