Un supuesto extravío de la carpeta de investigación en la Agencia del Ministerio Público, provocó un sentimiento de indefensión y un golpe económico de una humilde familia de la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, debido a que, por más de un año han tenido que solventar los gastos médicos de Ramón N., víctima de un accidente automovilístico que le provocó incapacidad.
La carpeta de investigación radicaba en la agencia del Ministerio Público adscrita a la cabecera municipal de Metlaltoyuca, municipio de Francisco Z. Mena.
Daniel, hermano del afectado, dio a conocer que fue el 7 de junio del año 2018, cuando un camión tipo torton chocó contra el taxi que conducía Ramón (la víctima). Los hechos ocurrieron a la 01:40 horas en el kilómetro 161 de la carretera federal México- Tuxpan, entre Lázaro Cárdenas municipio de Venustiano Carranza, mejor conocida como La Uno, y la comunidad de coronel Tito Hernández, llamada “María Andrea” de la misma demarcación.
En ese entonces el lesionado fue trasladado al Hospital Integral de Venustiano Carranza, sin embargo, por las lesiones tuvo que ser canalizado a urgencias a nosocomios particulares de la ciudad vecina de Poza Rica, Veracruz.
Luego de varios meses de permanecer internado, Ramón fue dado de alta, sin embargo, por los golpes perdió un ojo, registra ataques de epilepsia y depende de los cuidados de su madre y hermanos.
La familia del afectado aseguró que tras el accidente acudió ante la Fiscalía General del Estado adscrita a Metlaltoyuca, en donde denunciaron los hechos bajo la carpeta de investigación NUAT 114/2018/METLAL, carpeta que “misteriosamente” no fue hallada en Zacatlán, Xicotepec, ni Metlaltoyuca.
Indicaron que, desde el día del accidente, el conductor del camión huyó del lugar y que durante las declaraciones que hicieron los dueños de la unidad de carga se escudaron en decir que el chofer no había sido contratado ese día, “que no dejó ninguna identificación, ni nada, por lo que les era difícil localizarlo”.
“No es posible que las autoridades se hayan prestado a estas declaraciones. Ya fui y pregunté qué pasó con mi caso, si han investigado al respecto y ahora me dicen que la carpeta de investigación no aparece en ningún lado. Es doloroso que siga pasando esto en Puebla”, expresó el afligido hombre.
Admitió que se han gastado en un año “más de 650 mil pesos en medicamento y cirugías” de cráneo. Intervenciones quirúrgicas que le han permitido vivir.
De igual manera acusó que los responsables del corralón, en donde se mantuvo durante varias semanas su automóvil de alquiler (taxi), le cobraron más de 20 mil pesos para la liberación, recursos a los que se sumó una cantidad para estos trámites que le realizaría su abogado.
La familia de Ramón exigió ayuda de las autoridades y urgió a la Fiscalía retomar su caso para las averiguaciones correspondientes, pues teme que los dueños del vehículo responsable hayan dado “moches al entonces agente del Ministerio Público, José Arturo Hernández Arvides”.