Aunque la fractura hidráulica sigue siendo una técnica controvertida, en 2025 se destinarán 12 mil 364 millones de pesos para continuar con su uso, a pesar de haber sido un compromiso de campaña de la llamada Cuarta Transformación encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Asociación Mexicana contra el Fracking (AMCF) exhortó al gobierno federal a garantizar los derechos humanos e instó a los legisladores a aprobar una iniciativa constitucional para prohibirla.
La asignación de este presupuesto para 2025 se evidenció tras el análisis de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), realizado en conjunto con la AMCF, un conglomerado de organizaciones que ha llevado a cabo este análisis en años recientes, así como con Engenera A.C. y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En este análisis, se identificaron recursos asignados a al menos cuatro proyectos que implican el uso del fracking como técnica para la extracción de hidrocarburos, con un total de 12 mil 364 millones de pesos, lo que representa una disminución del 25% respecto al ejercicio anterior.
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Según información proporcionada por las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, los cuatro proyectos con recursos asignados en el PPEF 2025 son: Aceite Terciario del Golfo, con 2 mil 423 millones de pesos; Burgos, con 2 mil 266 millones; Proyecto Integral Veracruz, con 7 mil 420 millones; y el Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (CEE) Miquetla, con 256 millones.
“La asignación de recursos para este año fiscal es, sin sorpresa, una continuidad del sexenio anterior, durante el cual se mantuvo una inyección constante de recursos pese al compromiso presidencial de no permitir esta práctica en territorio nacional. No se trata de proyectos nuevos que arranquen este sexenio, sino que son proyectos de continuidad que han tenido asignaciones de recursos desde anteriores sexenios”, destacaron las fuentes.
Si bien la asignación de recursos se ha ido reduciendo año con año, las organizaciones abundaron que los cuatro proyectos han contado con presupuesto público incluso durante la anterior administración que se comprometió a que no se realizaría fracking, declarando incluso que era un compromiso cumplido. Sin embargo, el análisis muestra que en la cuenta pública quedan evidenciadas las cantidades aprobadas y ejercidas para el desarrollo de fracking, siendo 2023 el año que más presupuesto fue aprobado para la realización de esta técnica con un total de 39 mil 360 millones de pesos. Llama la atención que del presupuesto aprobado en los últimos tres ejercicios fiscales, exista una tendencia a ejercer en algunos casos incluso menos del 50% de lo aprobado.
La investigación detalla la ubicación y desarrollo de los cuatro proyectos destacando que para el proyecto ATG ubicado en los estados de Veracruz y Puebla durante todo el sexenio 2018-2024 se mantuvo la asignación constante de recursos además de que se planea concluya hasta 2031, al igual que el Proyecto Integral Veracruz PIV ubicado en la parte central del estado de Veracruz, que desde 2013 ha sido parte de la cartera de proyectos de PEP y tiene un horizonte de planeación a 2031. En algunos campos del Proyecto Integral Veracruz se ha realizado fracking al menos desde el año 2000, incluyendo en pozos no convencionales de gas.
El análisis advierte sobre las diferentes señales de alarma de que el gobierno de Claudia Sheinbaum continuará apostando por el gas fósil durante este sexenio, como lo demuestra la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030, en la cual se anunció el incremento de la extracción de gas fósil de 3 mil 854 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 4 mil 976 MMpcd, así como maximizar la producción de otros campos de gas en zonas terrestres lo cual implica el uso de fracking, sin importar las afectaciones al ambiente y a las personas en el corto, mediano y largo plazo.
El fracking es una técnica sumamente riesgosa, existe abundante bibliografía científica y periodística que en los últimos 15 años ha robustecido la evidencia que demuestra sus múltiples efectos nocivos sobre la salud de las personas, la contaminación al ambiente principalmente del agua, suelo y aire, así como su papel como acelerador del calentamiento global.
Es por ello que consideraron que las autoridades mexicanas deben asumir el compromiso de la presidenta Sheinbaum realizado en el marco de su apertura de campaña, donde señaló que “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”, conminó la AMCF.
La información sobre fracking en México continúa siendo opaca y de difícil acceso por lo que hace falta que el gobierno transparente con exactitud los proyectos en los cuales se realiza fracking y a los cuales se les destina dinero público, en cumplimiento del acuerdo de Escazú suscrito por el estado mexicano
Beatriz Olivera integrante de la Alianza y directora de Engenera A.C.
Ante este escenario, para el cumplimiento de promesas y la verdadera transformación de México, las cuarenta organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking, llamaron a la expedita aprobación de la propuesta de Reforma constitucional en materia de ambiente que incluye la prohibición del fracking que ya fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 14 de agosto, pero que se mantiene detenida.
“Urge que el Legislativo tome en sus manos la oportunidad histórica de actuar a favor del clima, frenar el calentamiento global y trabajar por reparar la catástrofe ambiental y climática que vivirán las presentes y futuras generaciones”, concluyó la AMCF.
Impacto en Puebla
De los cuatro proyectos que recibirán esos recursos, el que impacta al territorio poblano es el Aceite Terciario del Golfo, que se ubica en los estados de Veracruz y Puebla; incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan.
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Responsabilidad de los diputados poblanos
La AMCF y CartoCrítica señalaron que, de los 95 diputados federales representantes de regiones afectadas, tres son de Puebla y no han tomado medidas para detener esta práctica. Entre ellos se encuentran Fátima Almendra Cruz Peláez, Marco Antonio Natale Gurrión y Concepción González Molina, quienes representan distritos con superficies potencialmente afectadas por el fracking, sin que hayan concretado acciones al respecto.
El proyecto ATG, es un proyecto de inversión de Infraestructura Económica, tiene por objetivo la explotación de hidrocarburos del Paleocanal de Chicontepec, con una duración de 28 años, una inversión total de 4 mil 488, 847 millones de pesos más gastos de operación y mantenimiento, contempla la perforación de 3 mil 395 pozos, la realización de mil 767 intervenciones mayores, la realización de 3 mil 395 intervenciones menores, la construcción de 121 ductos y la perforación de 3 mil 244 pozos inyectores, y se planea concluya en 2031.
Desde la primera evaluación realizada al proyecto ATG en 2010, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) señalaba que, del total de pozos del proyecto, 76% (mil 323 pozos) habían sido fracturados mediante fracking. Durante el sexenio 2018-2024, se mantuvo la asignación constante de recursos para ATG.
Los diputados poblanos
La Alianza Mexicana contra el Fracking y CartoCrítica evidenciaron, en abril de este año, que 95 diputados federales, entre ellos tres poblanos, son representantes procedentes de regiones de todo el país que se ven afectadas por la fractura hidráulica y no concretaron acciones para detener esta práctica extractiva, prohibida en diferentes partes del mundo: "Le fallaron al país, le fallaron a sus representados", acusaron las organizaciones.
Entre los diputados señalados está la actual diputada federal y aspirante a reelegirse por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fátima Almendra Cruz Peláez de Zacatlán. Así como Marco Antonio Natale Gurrión, tío del ex dirigente estatal del partido en Puebla, Jaime Natale Uranga, y propietario de una mina pétrea que fue clausurada en 2022 por operar sin permisos por más de 10 años en Huauchinango.
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Además, es identificada Concepción González Molina del Partido del Trabajo (PT), quien asumió el cargo apenas el pasado 5 de marzo, luego de que la diputada Esther Martínez Romano pidiera licencia para ir en busca de una diputación en el Congreso de Puebla. Cabe recordar que la petista fue detenida en las elecciones de 2022 por presunto acarreo y compra de votos en su distrito de Teziutlán, mientras que ella denunció abuso de autoridad.
Según las cifras de las organizaciones ambientalistas, Fátima Almendra Cruz Peláez, representa una superficie potencialmente afectada de 581 hectáreas afectadas, que representa una cifra menor al 1%; mientras que Marco Antonio Natale representa una superficie de 140 mil 365.74 hectáreas, lo que significa el 49 % de su distrito, y Concepción González Molina encabeza el distrito que se ve afectado en 34 mil 599.90 hectáreas, es decir, el 19% de su distrito.