Con la presencia de un jurado internacional, este sábado inicia la jornada de justicia sobre crímenes impunes de Derechos Humanos en el que se analizarán diversos casos entre ellos cuatro ocurridos en territorio poblano.
El Tribunal Internacional de Conciencia abre un nuevo capítulo en México con lo que busca a través de la denuncia y la concientización social que el Estado mexicano asuma su responsabilidad ética y moral en la violencia generalizada contra la población, traducida en asesinatos, desaparición forzada, tortura y encarcelamientos injustos masivos, a causa del autoritarismo y la militarización para el control de recursos naturales, territorios y población, en medio de la lucha contra el narcotráfico, y en un contexto de precariedad y corrupción del sistema de justicia.
El Tribunal es también una acción mediática con capacidad de incidir en favor de las víctimas de violencia institucional y de los grupos delictivos que por su gravedad y su carácter sistemático podrían caer en la definición de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los estatutos del Tratado de Roma firmados por México. La definición de lesa humanidad de los casos se resolverá en audiencia y será el tribunal el que emita las recomendaciones pertinentes.
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Impunidad: caso Puebla
En la jornada iniciará este sábado, en el municipio de Cuetzalan, el primer caso de revisar es contra las hidroeléctricas, en que la referencia es el proceso de resistencia contra el proyecto promovido por la Comisión Federal de electricidad (CFE) que incide sobre el río Apulco y que derivó en el asesinato de un líder opositor.
El coordinador es apartado es Daniel Zúñiga, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) y el Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”. Alegarán la incapacidad de las autoridades poblanas para resolver este conflicto y, sobre todo, hacer justicia en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de los líderes Manuel Gaspar y Antonio Esteban Cruz.
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Caso número dos tamil será contra las hidroeléctricas, sobre todo las que afectan a entidades como Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz, sobre todo los casos poblanos y que en total suman siete líderes sociales ejecutados, 13 presos políticos por la instalación de industrias mineras, termoeléctricas y de infraestructura y la constante violación al derecho a la autodeterminación que tienen los pueblos indígenas, tras el consentimiento previo, libre e informado, el derecho al agua, la salud y la vida, según lo garantiza el convenio 169 de la organización internacional del trabajo.
El caso número tres, también concierne a violaciones ocurridas en Puebla, esta vez por las mineras sobre todo del municipio de Tlatlauquitepec, promovido por Minera Autlán (filial de Grupo Ferrominero).
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Tras revisar los casos de los pozos petroleros en Chiapas, contra el aeropuerto y el caso Atenco, la revisión a la reforma decorativa y la represión contra escuelas normales rurales, ya el día lunes, se llevará a cabo la tercera audiencia, en defensa del agua y del territorio, en la que se revisará el proceso de resistencia la privatización del agua en el municipio poblano de Ocotepec, por la empresa Living Water Internacional (colaborada de Chevron y grupo FENSA) y criminalización de defensores.
El fiscal será Oswaldo Villegas, representante del Movimiento para la Defensa del Agua y la Tierra (MODAT CNPA-MN), teniendo como testigo a los representantes de comunidades afectadas.
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