Acateno, Pue. A casi dos años de haber dado inicio a una lucha que tenía como propósito protegerse del crimen organizado, pobladores de la localidad Insurgentes, en el municipio de Acateno, continúan en el abandono de las autoridades y bajo la amenaza de las bandas delictivas, quienes siguen amenazándolos y extorsionándolos, tras haberse disuelto la organización de seguridad civil, que habían formado en 2019.
Fue el 7 de Septiembre de 2018, cuando habitantes de Insurgentes, entre los límites de Puebla y Veracruz, hartos de ser víctimas de múltiples delitos, decidieron organizarse, bloquear los accesos a la localidad, y así, evitar el paso de la delincuencia, autoridades policiacas y personas ajenas a la población, únicamente con ayuda de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), a fin de resguardar la zona.
De esta forma, los pobladores tomaron el control de la comunidad que conecta a los municipios de Acateno y Papantla, Veracruz, donde instalaron puntos que vigilancia que operaban las 24 horas del día, de mano de habitantes armados con machetes, palos e incluso, armas de fuego; los grupos argumentaban que la policía estatal y municipal operaban en colusión con las células delincuenciales.
El mismo mes de septiembre, los inconformes lograron colocar un módulo provisional de la SEMAR, sin retirar la vigilancia ciudadana. La gente solicitaba a las autoridades la instalación de un puesto de vigilancia permanente, a fin de mitigar el problema de inseguridad al que se enfrentaban.
Los pobladores de Insurgentes aclararon que dicho movimiento no se trataba de una guerrilla o una autodefensa, sino tan sólo personas, que preocupadas por la seguridad de sus familias decidieron agruprase para protegerlas de los actos de extorsión, amenazas, robos y secuestros.
Cuatro meses después, a finales de enero de 2019, los uniformados de la SEMAR fueron retirados del sitio, pues presuntamente no justificaban su estancia en el lugar, lo que obligó a los ciudadanos a emprender nuevas acciones como la colocación de un sistema de videovigilancia y radiocomunicación privada, para mantenerse alerta ante un posible ataque del crimen organizado, que costó aproximadamente 600 mil pesos y que fue sufragado por los mismos habitantes.
Fue a raíz del asesinato de un hombre de 70 años de edad, registrado en el mes de septiembre de 2019, cerca de ocho meses después, lo que originó una pugna entre los mismos habitantes de la comunidad de Insurgentes, quienes decidieron terminar con la organización de seguridad ciudadana y quitar los puestos de vigilancia y barricadas instaladas por poco más de un año, quedando nuevamente al alcance de la delincuencia y de la, aún, desatención de las autoridades, tanto del estado de Puebla como Veracruz.
