La activista Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali, rechazó que la empresa Almaden Minerals conserve las dos concesiones de explotación minera en Ixtacamaxtitlán, mientras continúe el litigio.
En entrevista para este medio, precisó que las filiales de la empresa minera de capital canadiense no pueden realizar ningún trabajo de esta naturaleza en territorio ixtacamaxteco: "lo difundido recientemente – por la minera – solamente es una estrategia, al interior de la empresa, para tranquilizar a los accionistas y evitar la quiebra", dijo.
Aunque reconoció que la minera aún puede impugnar la más reciente resolución del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, puntualizó en que todavía falta el proceso de revisión, sin embargo, dadas las condiciones en las que fue redactada la resolución, "es complejo que se le pueda dar la razón a la empresa".
A pregunta expresa sobre lo difundido por la empresa minera canadiense, emitido desde la central en Vancouver, en el sentido de que mientras este proceso judicial prevalece la posesión de las dos concesiones en Ixtacamaxtitlán, la también abogada señaló que “es un absurdo, es la mentira más evidente que está diciendo, no desde ahora, sino desde tiempo atrás, aunque han tenido que modificar su discurso a través de los años las concesiones están canceladas desde junio del año pasado, es decir, no hay concesiones que puedan conservar (...) entonces, es absurdo que pidan que se respeten los derechos que no tienen".
El litigio no ha concluido
Al respecto, Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, precisó que las solicitudes de títulos de concesión de 2002 y 2008 permanecerán vigentes, preservando así los derechos adquiridos, hasta que no haya una resolución definitiva del caso, el cual apenas se encuentra en litigio.
“Nosotros vamos a impugnar la decisión del juez para defender la resolución original de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del año pasado, el cual es clarísimo, donde se instruye a la Secretaría de Economía dejar como insubsistentes los títulos de la empresa y realizar una consulta”, afirmó.
Entrevistado vía telefónica, el directivo de la empresa, reiteró que mientras continúen estos procedimientos judiciales las solicitudes realizadas por la minera en 2002 y 2008 permanecen vigentes.
“Para nosotros como empresa, para los inversionistas, inclusive para la comunidad, para todos nosotros como grupo, es fundamental que este capital se convierta en una inversión para un proyecto productivo y no una carga para el erario, ni para las comunidades, ni para el estado de Puebla, ni para nadie; porque nosotros en su momento podríamos recurrir a instancias internacionales para reclamar una indemnización frente a estas decisiones tan injustificadas por parte de las autoridades federales, pero ese no es nuestro objetivo”, explicó.
*Con información de Felipe P. Mecinas
