La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) llamó a prohibir el uso de agua para fracking en la nueva Ley General de Agua, al acusar "una redacción amañada” en el nuevo dictamen sobre esa ley y señalar que cada pozo fracturado consume entre 9 y 29 millones de litros de agua, mientras que el país enfrenta estrés hídrico y alteraciones drásticas en el régimen de lluvias.
Lo anterior, en un posicionamiento difundido luego de las modificaciones hechas en el Senado al borrador inicial del Dictamen de las comisiones unidas de recursos hidráulicos y de estudios legislativos segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas que abroga la Ley de Aguas Nacionales.
“La redacción original del dictamen prohibía destinar agua a la técnica de fractura hidráulica. ¿Qué intereses entraron a cambiar la redacción para que en los hechos se intente legalizar el uso de millones de litros del líquido a, literalmente, contaminarlos y desecharlos? “, cuestionó Beatriz Olivera de la AMCF.
Para la AMCF es inaceptable el cambio en la redacción del artículo 220 de esta ley, considerando que no representa ninguna medida a favor del cuidado, buen manejo y conservación de los recursos hídricos de nuestro país y que, todo lo contrario, representa permitir que se continúen contaminando millones de litros de agua.
“Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking pedimos a las y los senadores que actualmente están revisando este borrador que regresen a la redacción de la propuesta de ley original. Demandamos agua para las personas, no agua para extraer gas”, señaló la integrante de la organización.
De acuerdo con el dictamen propuesta por el Senado, el artículo 220 de la referida ley diría: "Queda prohibido el uso del agua de consumo humano y de riego para las actividades de fractura hidráulica en pozos asociados a yacimientos no convencionales".
Sin embargo, con la finalidad de proteger las regiones rurales y por el compromiso de hacer un mejor manejo del agua, este colectivo propone que quede de la siguiente forma:
“Queda prohibido el uso del agua para las actividades de fractura hidráulica o estimulación hidráulica, así como para la exploración, explotación y extracción de hidrocarburos no convencionales”.
Es importante decir que, según datos de la misma ONG, en México existen 7 mil 879 pozos fracturados y se calcula que cada pozo requiere para fracturarse entre 9 y 29 millones de litros de agua.
Este colectivo une a más de 40 organizaciones civiles y sociales desde 2013, y su principal objetivo es prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking en territorio mexicano, definiendo el agua y el territorio.
PRESUPUESTO EN PUEBLA
Según la organización, únicamente en el territorio de Puebla, este año se destinaron 8 mil 208 millones de pesos al Proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), de los cuales se ha ejercido el 25 por ciento.
Aceite Terciario es un proyecto de inversión de Infraestructura Económica ubicado en el Paleocanal de Chicontepec, entre los estados de Veracruz y Puebla, el cual incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado; se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Agua fría Coapechaca, Tajín-Corralillo, Pdte. Alemán-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan.
El proyecto que inició en 2002 tiene una duración de 28 años y el plan contempla que se termine hasta el año 2031.
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