Francisco Z. Mena, Pue.- Los habitantes de la localidad Mártires de Rancho Nuevo se autoadscribieron como comunidad indígena, una forma de asumir una identidad pluricultural y también de obtener acceso oficial a los programas administrados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Para lograr este objetivo, varias personas trabajaron para acercar a los habitantes del asentamiento humano a su derecho como pueblo de México, donde residen personas originarias de distintas etnias, como náhuatl, otomíes, totonacos, tepehuas e incluso hay una familia mazateca con tres integrantes y una familia tzotzil.
Este fenómeno social ocurre en una pequeña comunidad ubicada en el municipio de Francisco Z. Mena, en la Huasteca Poblana, en los límites con el estado de Veracruz.
La localidad fue fundada con los sobrevivientes de una masacre perpetrada a principios de la década de los 80 por los conocidos como "guardias blancas" de los grupos caciquiles que poseían grandes extensiones de tierras, durante el mandato de Guillermo Jiménez Morales en Puebla.
A los habitantes de Mártires de Rancho Nuevo se les asignaron algunas hectáreas de tierra para que pudieran establecerse y practicar la agricultura en esa zona. Cuatro décadas después de los hechos trágicos, cerca de 200 personas adultas celebraron una asamblea a la que asistieron, además de autoridades estatales y del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, 14 autoridades tradicionales que respaldaron y dieron fe del hecho en Z. Mena.
De acuerdo con algunas definiciones de la ley indígena, la autoadscripción se entiende como un derecho fundamental que consiste en el reconocimiento que una persona realiza al sentirse parte de un pueblo o comunidad indígena, basado en sus propias concepciones.
"Por tanto, el criterio fundamental para determinar si una persona es integrante o forma parte de un pueblo o comunidad indígena consiste en el derecho a la autoadscripción, es decir, la facultad de grupos e individuos de identificarse con alguno de los pueblos indígenas y así gozar de los derechos que esa pertenencia conlleva. Esto implica derechos o medidas diferenciadas, lo cual tiene su base última en el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, pues el individuo mismo puede y debe definir su pertenencia étnico-cultural."
En este acto estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), entidad oficial que registrará a la comunidad con el objetivo de brindar facilidades y apoyo para su desarrollo.