AHUACATLÁN, Pue.- Un total de 45.2 por ciento del territorioindígena náhuatl de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y norte deVeracruz se ve impactada por la llegada de proyectos de extraccióno exploración de hidrocarburos, de acuerdo al informe: “Lasactividades extractivas en México, estado actual 2016”, quedetalla las afectaciones ambientales, a la salud, así como en lacultura e identidad de diversos grupos étnicos.

Elaborado por Fundar -Centro de Análisis e Investigación,A.C., coordinado por Aroa de la Fuente López y Beatriz OliveraVilla, en la sección de impactos sociales, establece que El PlanQuinquenal no ha sido estático: en dos años reagrupó las áreasde licitación de hidrocarburos hasta reducir su número en unatercera parte, mientras que la superficie total la aumentó en un45 por ciento.

“El Plan Quinquenal no habla sobre los posibles impactosambientales, al territorio o a su población, por lo que resultaútil explorar en este artículo, aunque sea brevemente, ladimensión social de los impactos que podrán ocurrir en un futuropróximo en aquellos territorios directamente relacionados conestos proyectos”, describe el informe.

Para caracterizar la dimensión social de este plan, solo setomarán las áreas por ser licitadas en la superficie terrestre,sin por ello negar los graves impactos que la exploración yextracción en aguas someras y profundas tienen sobre la pesca ylos ecosistemas marinos. Las áreas terrestres se distribuyen a lolargo y ancho de once entidades, donde Puebla ocupa la novenaposición.

El 14.3 por ciento de la superficie terrestre que la Secretaríade Energía (Sener) contempla adjudicar para la exploración yextracción de hidrocarburos corresponde a regiones dentro de losterritorios de pueblos indígenas del país. Los pueblos tepehua,huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente lamitad de sus territorios.

Este no es un tema menor dado que la extracción de minerales ehidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan acabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso alagua y a alimentos saludables, y hasta su identidad cultural y susupervivencia en el caso de los pueblos indígenas ycampesinos.

Afectaciones que también llegan a la sociedad en general, através de la contaminación de fuentes de agua, de zonas deproducción de alimentos y de la atmósfera, de la generación deemisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambioclimático y de la pérdida de biodiversidad y el daño de losecosistemas y los territorios, por poner algunos ejemplos.

Esta situación se agrava aún más con el impulso detecnologías altamente dañinas, como la fractura hidráulica y laminería a cielo abierto, así como ante el alarmante aumento de latemperatura del planeta, cuyos efectos se están ya sufriendo enMéxico, con la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicosextremos, sequías y escasez de agua, desplazamiento de poblacionese, incluso, pérdida de vidas humanas.

La contribución de la actividad de extracción de minerales ehidrocarburos a las emisiones de los gases que generan elcalentamiento global, así como los daños que generan sobre losterritorios y poblaciones disminuyendo sus posibilidades deenfrentar los efectos del mismo, agravan esta problemática y hacenaún más urgente tomar medidas que limiten estas afectaciones. Eneste sentido, el Acuerdo de París y las políticas surgidas delmismo representan una oportunidad para que México encare estatarea.

Ante estos efectos perjudiciales y dada la falta de espacios departicipación efectiva en la toma de decisiones sobre laspolíticas y proyectos extractivos que, en muchos casos, sonimpuestos en los territorios con una normativa favorable para ello,se genera una fuerte conflictividad. Aunque actualmente no existeuna fuente de información que permita conocer con exactitud losconflictos generados por estas actividades, a 2016 se han llegado asistematizar hasta 37 casos relacionados con la minería y, almenos, 11 con los hidrocarburos.

Mientras que, ante la exigencia legítima de los derechos porparte de las comunidades y poblaciones del país, la respuesta delEstado y de diversas empresas consiste en acciones dehostigamiento, deslegitimación, criminalización e inclusoasesinatos. Entre 2010 y 2016 se han identificado 303 casos deataques a defensores y defensoras del territorio, entre los quedestacan los relacionados con proyectos mineros, señala elinforme, en poder de este reportero.