“Oye, no tires mi casa, ya no tenemos dónde vivir”, estas fueron las palabras de una niña de tres años que le reclamó a un trabajador que con un trascabo está quitando una colina donde se encuentran asentadas 13 familias, quienes reconocen que donde habitan es zona federal; sin embargo, es un particular quien quiere sacarles de sus viviendas con el pretexto de que ya adquirió dichos terrenos, aunque el presunto comprador no les muestra ningún documento.
De acuerdo a doña Margarita, quien vive en calle Vía del Tren, en la colonia La Paz del municipio de Izúcar de Matamoros, dio a conocer que hace más de 18 años con un grupo de personas solicitaron a Ferrocarriles, lugar que les corresponde por ser zona federal, construir viviendas sencillas, permiso que fue concedido; no obstante, hoy un grupo de abogados les ha pedido vender sus terrenos a muy bajo costo o, en caso extremo, desalojarlos, pero sin documentación que acrediten que sean los dueños.
Algunos habitantes han accedido y han entregado sus propiedades, mientras que otros aún tienen miedo de salirse con el poco dinero que les ofrecen, pero se han visto afectados ya que han empezado a derrumbar casas a los lados, asegurando que al trabajar la maquinaria vibra el suelo y por la altura en la que están pueden derrumbarse sus viviendas, que no tienen cimientos y que se encuentran dañadas a causa de los sismos.
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En tanto, don Alberto mencionó que han sido amedrentados, pues refiere que en alguna ocasión “el comprador” contundentemente les pidió desalojar, vendan o no vendan, pero sin mostrar ningún documento en mano, ya que de acuerdo a la demarcación están apropiándose de un terreno en zona federal, lugar donde se ubicaban las vías de un tren.
Asimismo, detalló que tiene en su poder un documento por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, asegurando que pueden estar viviendo y, en dado caso, de ser retirados la misma dependencia estaría notificando a las familias en un plazo de tres meses como mínimo para desalojar, por lo que ellos están conscientes de marcharse, pero deben de ser alertados por Ferrocarriles y no por un particular.
Hasta el momento temen ser víctimas de estas personas, pues al ser de bajos recursos no pueden intervenir legalmente y solo piden ayuda a las autoridades municipales, estatales o incluso federales para ser atendidos, ya que con lo poco que ganan no pueden subsistir.
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