Bajo el auspicio de la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, integrante del grupo parlamentario de Morena y representante del distrito 2 de Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo acusaron represalias del gobierno de Puebla y los directivos de la normal, así como la supuesta intención de desaparecer el internado.
La conferencia de prensa fue motivada, luego de los hechos del 4 de julio, cuando las jóvenes expulsadas fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado como responsables de la agresión física en contra de un grupo de normalistas que se negaron a participar en las protestas contra el gobierno del estado.
En rueda de prensa realizada en el Congreso de la Unión, la legisladora afirmó que las problemáticas a las que se enfrentan las estudiantes de la normal en la sierra de Puebla, tienen como trasfondo una política sistemática de los sectores conservadores para terminar con el normalismo rural.
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De lo anterior, expuso que, por participar en las movilizaciones del 1 de junio de 2021 y el 4 de junio de 2022, el gobierno de Puebla emprendió represalias en contra de las alumnas, abriendo tres carpetas de investigación y 24 quejas administrativas, contra 36 estudiantes, además de la expulsión de tres alumnas. Asimismo, señaló violación a los derechos de educación, libre expresión, asociación y al debido proceso, exigiendo por tanto al gobernador de Puebla entablar un diálogo con el Consejo Estudiantil.
Ante representantes de medios nacionales, las estudiantes de la normal señalaron que las protestas que han llevado a cabo, han tenido por objeto la solución de su pliego petitorio, que contempla la mejora de las instalaciones, el comedor y dormitorios, la entrega de un autobús, entre otras peticiones, ante las cuales dijeron solo recibieron detenciones y violaciones a sus derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y violencia sexual.
En ese contexto, según su relato, sumaron las tres expulsiones en contra de tres de sus compañeras, derivado de dichos procedimientos administrativos, los cuales según dijeron, se trata de actos ilegales y carentes de pruebas, motivo por el que anunciaron que recurrirán a un juicio de amparo.
Sin embargo, hicieron un llamado a la intervención del subsecretario de educación superior Luciano Concheiro Bórquez, para entablar una mesa de diálogo y con ello, lograr la reinstalación de las tres estudiantes expulsadas, asegurando que no permitirán se eliminen las normas internas de gobierno, convivencia y trabajo colectivo, ello al tenor del apoyo expresado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
