Huauchinango, Pue. – Como un daño patrimonial de al menos 12 millones de pesos, cantidad que se gastó para realizar los trabajos de estabilización y reparación de daños por una construcción de un túnel que el presidente municipal, Gustavo Vargas Cabrera, “vendió como un túnel histórico con fines de explotación turística, declaró el especialista, José García Mijares.
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Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Fiscalía General de la República, recorrieron las obras terminadas para la estabilización de un túnel artesanal, en el que se invirtieron unos 7 millones de pesos y 5 millones de pesos para la reparación de edificios históricos que presentaron fisuras.
Las autoridades, federal y municipal, la segunda representada por la síndico municipal, Herminia Picazo, recorrieron las calles, Guillermo Ledesma y Manjarrez, y Mina, además de los edificios históricos que integraban el conjunto conventual que, ahora es la parroquia de Santa María La Asunción y la Casa de Cultura, “Leticia Ánimas Vargas”, con el fin de supervisar los trabajos realizados.
Se trata de un conjunto de acciones que repararon las afectaciones que causaron la apertura de un túnel, en la administración de Gustavo Vargas Cabreras, quien anunció que había sido un hallazgo de una cavidad histórica y que completó diciendo que éste sería un atractivo turístico para Huauchinango.
Pasados los días fue evidente que un conjunto de trabajadores se puso a trabajar escavando por debajo de las instalaciones públicas de la Casa de Cultura y de la parroquia, lo que causó daños estructurales y riesgos de colapso, según el geólogo, especialista en minería José García Mijares.
La representante legal del ayuntamiento de Huauchinango dijo que al momento de que el presidente en funciones, Rogelio López Angulo, llegó al poder fue requerido por la Fiscalía General de República debido a que el presidente saliente, Vargas Cabrera y su sindica Marilyn Ortiz, a unas horas de entregar la administración se comprometieron a remediar los daños, comprometiéndose a realizar las citadas obras, compromiso que tuvo que saldar la actual gestión.
Para Herminia Picazo, el daño patrimonial no debe quedar sin castigo, pues hay uno o más responsables de los hechos, por lo que una vez saldados los trámites se iniciaría una denuncia formal ante la Fiscalía General de la república para que se finquen responsabilidades de manera legal.
Por parte del INAH estuvo el perito Rafael Barquero y algunos agentes de la Fiscalía en cuestión, sólo que estos no dieron declaraciones sobre el caso.