A dos años del linchamiento de Ricardo N. y Alberto N. en el municipio de Acatlán de Osorio, el Ayuntamiento ofreció 40 mil 300 pesos por cada uno como reparación del daño; sin embargo, el pago fue rechazado por los familiares debido a que no se ajusta a la Ley Federal del Trabajo y la indemnización está por debajo de lo que solicitaron.
El abogado Víctor Alonso Tadeo dijo que la cantidad que se está ofreciendo es un engaño al cumplimiento de la recomendación que la CDH Puebla emitió en 2019 –a la presidenta municipal de Acatlán, María del Carmen Nava Martínez– por el linchamiento de los dos hombres, ya que la cuantificación que la autoridad hace no es acorde a los estándares mínimos de la Ley Federal del Trabajo ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Confió en que el asunto se resolverá pronto pues espera respuesta de los recursos de impugnación en materia administrativa que promovió en contra del gobernador Luis Miguel Barbosa, además de que el caso llegará a instancias federales y la Corte.
“Seguimos en las instancias correspondientes, al Tribunal Administrativo. El monto no es conforme a la ley, eso no es un avance del cumplimiento de la recomendación, es poner una cantidad por debajo de lo que marca la ley”, dijo en entrevista.
Según el abogado Alonso Tadeo, la indemnización debería ser de mínimo 30 o 40 millones de pesos por cada víctima del linchamiento –cometido por un grupo de pobladores de San Vicente Boquerón, quienes quemaron vivos a Ricardo y Alberto, sin que fueran auxiliados por las autoridades del Gobierno del Estado y del municipio de Acatlán de Osorio.
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2018 y fue trasmitido en vivo en Facebook. Los dos hombres eran tío y sobrino, quienes fueron detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, pero algunos habitantes difundieron el rumor de que eran “robachicos”.
