/ miércoles 8 de febrero de 2023

Organización denuncia trabas en investigación por tiroteo a escuela de Zapotitlán

En escrito dirigido al gobernador, Raymundo García López, en representación de la organización señala otros delitos 

La organización de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) acusó que la denuncia levantada en Tetela de Ocampo por los disparos en contra de la escuela primaria Juan N. Méndez ha tenido “dificultades en su integración y atención a las denuncias”. Esto, mediante una carta dirigida al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“La agresión no solamente fue al estudiantado, sino como ha venido sucediendo permanentemente, fue también una nueva agresión a la comunidad indígena, no únicamente en su territorio, sino en su entorno regional por el despojo y los agravios acumulados”, señaló Raymundo García López, en la misiva a nombre de la organización.

De acuerdo con el documento con referencia SURI/00001/23, fechado el pasado 3 de febrero, la organización no gubernamental indigenista externa que los disparos contra la escuela primaria concreta la presunta comisión de delitos federales, chantajes, extorsiones, amenazas, golpes, abuso de poder, ninguneo del ayuntamiento en su funcionamiento y, en coyuntura actual, el enriquecimiento inexplicable con antecedentes inmediatos y a todas luces visibles, según se lee en el documento.

En este contexto, el representante recordó la manifestación de los padres de familia y la fallida sesión de cabildo en la que exigieron la destitución del alcalde, por lo que señaló las dos figuras jurídicas que podrían promoverse como lo son la destitución y la revocación de mandato.

Señala que debe considerarse, además, la indebida participación de elementos de seguridad pública municipal, de un familiar del presunto responsable de los disparos, e incluso de la autoridad educativa, al entrar al plantel poco después de los disparos, como lo señalan las madres de familia presentes en el antes, durante y después del hecho delictuoso.

Por último, destaca que es de conocimiento de campo de esta organización y de la vida cotidiana de la comunidad indígena de este municipio, existen altas probabilidades de la consignación de la carpeta de investigación al juez de control, lo que abriría entonces nuevas batallas legales, legislativas y políticas.

La organización de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) acusó que la denuncia levantada en Tetela de Ocampo por los disparos en contra de la escuela primaria Juan N. Méndez ha tenido “dificultades en su integración y atención a las denuncias”. Esto, mediante una carta dirigida al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“La agresión no solamente fue al estudiantado, sino como ha venido sucediendo permanentemente, fue también una nueva agresión a la comunidad indígena, no únicamente en su territorio, sino en su entorno regional por el despojo y los agravios acumulados”, señaló Raymundo García López, en la misiva a nombre de la organización.

De acuerdo con el documento con referencia SURI/00001/23, fechado el pasado 3 de febrero, la organización no gubernamental indigenista externa que los disparos contra la escuela primaria concreta la presunta comisión de delitos federales, chantajes, extorsiones, amenazas, golpes, abuso de poder, ninguneo del ayuntamiento en su funcionamiento y, en coyuntura actual, el enriquecimiento inexplicable con antecedentes inmediatos y a todas luces visibles, según se lee en el documento.

En este contexto, el representante recordó la manifestación de los padres de familia y la fallida sesión de cabildo en la que exigieron la destitución del alcalde, por lo que señaló las dos figuras jurídicas que podrían promoverse como lo son la destitución y la revocación de mandato.

Señala que debe considerarse, además, la indebida participación de elementos de seguridad pública municipal, de un familiar del presunto responsable de los disparos, e incluso de la autoridad educativa, al entrar al plantel poco después de los disparos, como lo señalan las madres de familia presentes en el antes, durante y después del hecho delictuoso.

Por último, destaca que es de conocimiento de campo de esta organización y de la vida cotidiana de la comunidad indígena de este municipio, existen altas probabilidades de la consignación de la carpeta de investigación al juez de control, lo que abriría entonces nuevas batallas legales, legislativas y políticas.

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