En un hecho inédito en la Sierra Norte de Puebla, Amnistía Internacional lanzó un llamó al fiscal general del Estado, Víctor Antonio Barranca Bourget, para que garantice una investigación pronta, imparcial y exhaustiva en el caso de la muerte de Manuel Gaspar Rodríguez; también llamó al alcalde cuetzalteco, Óscar Paula Cruz, a que reconozca de manera urgente y pública el papel legítimo de los defensores ambientales de los derechos humanos en la región y se abstenga de socavar su trabajo pública o privadamente.
En el llamado de "acción urgente" del organismo internacional con referencia 103/18, indexada en el expediente "AMR 41/8451/2018 Mexico", se señala que el defensor indígena Manuel Gaspar Rodríguez fue uno de los defensores que enfrentaba una investigación criminal por su oposición a la construcción de una línea de alta tensión. “Estos defensores están en grave riesgo y recientemente han sido objeto de ataques e intimidación”, planteó el organismo internacional.
En el documento, escrito en inglés, afirma que “sus compañeros del MIOCUP informaron que lo vieron por última vez el 13 de mayo. Dos miembros de MIOCUP dijeron a Amnistía Internacional que estaban con él en las oficinas de MIOCUP a última hora de la noche y que alrededor de las 12:30 a.m. uno de ellos vio a Manuel Rodríguez lavando los platos, antes de acostarse en los dormitorios de la oficina”.
La autopsia coloca la muerte de Manuel Rodríguez entre la 1 y las 2 de la madrugada del 14 de mayo, provocada por la pérdida masiva de sangre de tres heridas profundas de arma blanca. En su hombro izquierdo también había heridas provocadas por un objeto punzante, así como marcas en su rostro, que sugerían otras posibles formas de violencia. Los perpetradores siguen siendo desconocidos.
Acusó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla abrió una investigación sobre su muerte, sin embargo, han estado reteniendo irregularmente el acceso de sus abogados al archivo de casos, y aún no está claro si las líneas de investigación incluyen su trabajo como defensor de los derechos humanos.
El documento recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió recientemente una investigación penal contra Manuel Gaspar Rodríguez y otros siete defensores y activistas de MIOCUP y la Unión de Cooperativas Tosepan por su participación en una protesta pacífica cerca de la línea eléctrica propuesta en las afueras de Cuetzalan a finales de 2016 y 2017.