“Que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que fueron cometidos contra totonacas de la sierra norte de Puebla y la cancelación de los permisos para este proyecto” pidieron, comunidades indígenas y organizaciones, en la cuenta regresiva a la resolución que dará el Primer Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Sexto distrito para revocar la sentencia sobre el proyecto hidroeléctrico Puebla-1.
La petición ya fue lanzada a través del portal internacional Change.org, bajo el título "Comunidades Totonacas piden a Tribunal Colegiado cancele el Proyecto Hidroeléctrico Puebla" que, al momento de la redacción de la nota, más de 2 mil 500 personas ya la habían firmado.
Es impulsada por el Consejo Tiyat Tlali y por el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), a razón de que el próximo jueves el Primer Tribunal del Sexto distrito emitirá su fallo que marcará una pauta en la lucha que las comunidades Totonacas de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán iniciaron contra este proyecto hidroeléctrico avalada por el gobierno federal para la empresa Deselec 1-Comexhidro.
El desacuerdo indígena los llevó, en 2016, a interponer un amparo por la violación a los derechos que tienen como pueblos originarios por el proyecto hidroeléctrico Puebla-1. Obra impulsada para abastecer de energía a: Wal-Mart, Waldo´s Dólar, Vips, Suburbia, Colchas México e Ileana Jinich Mekler.
Demanda que reclama a las autoridades vinculadas: Secretaría de Energía, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, así como el Instituto Nacional de Antropología e historia, así como dos presidencias municipales por haber otorgado los permisos sobre el río Ajajalpan, parte de su territorio ancestral.
Lo que, según los indígenas, violenta su derecho a la consulta, al consentimiento indígena, a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente sano, al agua, algunos de ellos protegidos por leyes y tratados internacionales; lo que suma que no se realizó ningún estudio de los impactos sociales del proyecto.
Desde entonces, los pueblos indígenas demandaron la cancelación de los permisos existentes, se pronunciaron en contra de la construcción de esta hidroeléctrica bajo el argumento de que, además de los impactos al medio ambiente, traerá como consecuencia la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de los acuíferos y remoción de la vegetación forestal.
Han acusado que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental es contrario a los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas. Recordaron que, en octubre de 2019, ese juzgado negó, en la sentencia de amparo, que hubiera vulneración de los derechos del pueblo totonaco, por lo que las comunidades y organizaciones que la acompañan se inconformaron legalmente con tal decisión. Este jueves es una fecha clave y de ahí que los indígenas y activistas pidan la revocación de la sentencia.