Huauchinango, Pue. – Por falta de permisos del gobierno federal, las plantas de tratamiento construidas durante el morenovallismo en Huauchinango y Juan Galindo nunca funcionaron. A pesar de haber sido clausuradas en dos ocasiones, las plantas fueron concluidas y recibieron inversiones que superan los 200 millones de pesos.
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A finales de junio de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación instruyendo la creación de un convenio interinstitucional para la protección ambiental. En el documento 126/2024, el organismo defensor de los derechos explicó que, derivado de una queja presentada en 2021, emprendió una investigación sobre la contaminación de la presa de Necaxa causada por descargas de aguas residuales sin tratamiento previo.
Los ayuntamientos involucrados, como Huauchinango y Juan Galindo, reconocieron que no cuentan con los recursos suficientes para emprender acciones que ayuden a mitigar la contaminación en el vaso que forma parte del complejo hidroeléctrico Necaxa y señalaron que esta tarea también corresponde a las autoridades federales.
Tras una investigación de la CNDH, se acreditó la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, por lo que se emitió una serie de recomendaciones a las entidades involucradas.
La planta de Huauchinango
En mayo de 2018, se inauguró la planta tratadora de aguas residuales de Huauchinango, ubicada en un paraje conocido como "Camino al sifón" a un costado del río Necaxa, con la intención de tratar las aguas residuales de la cabecera antes de que llegaran al cuerpo de agua. Sin embargo, nunca ha funcionado.
En el proyecto se invirtieron 162 millones de pesos por parte de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali Fayad, quien asistió a la inauguración junto con el presidente municipal en funciones, Gabriel Alvarado Lorenzo. Este último, en nombre del ayuntamiento, aportó el terreno.
Cabe destacar que la mencionada planta tratadora de aguas residuales fue clausurada en dos ocasiones por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que, pese a varias supervisiones, no cuenta con los respectivos permisos ambientales para su edificación. A pesar de ello, la obra no se detuvo, se culminó y se inauguró, sin que llegara a operar.
La planta tratadora de Juan Galindo
La planta tratadora de aguas residuales está ubicada a un costado de una escuela secundaria y frente a lo que ahora es el Banco del Bienestar, a unos cuantos metros de la presa de Necaxa. Al igual que la planta de Huauchinango, fue construida durante el periodo conocido como "morenovallismo", con un monto de casi 40 millones de pesos.
El proyecto se realizó por etapas: primero se construyeron los colectores marginales que van sobre dos ríos que rodean la demarcación, Gamito 1 y Gamito 2, para liberar los cuerpos de agua de casi 500 descargas de líquidos residuales de igual número de viviendas.
El proyecto se financió con 12 millones de pesos, lo que permitió la operación de la planta tratadora de aguas residuales. Después, se invirtieron 13 millones para los colectores marginales y poco más de 13 millones para la obra civil, donde se instaló la infraestructura, aunque quedaron pendientes 1,500 metros de colectores en el Gamito 2.
El entonces ayuntamiento en funciones, presidido por Luis Gerardo Martínez Gómez, no hizo ninguna aportación y terminó sus funciones con la operación de la planta y descargando aguas tratadas a la presa de Necaxa.
En 2018, Carlos Gilberto Garrido Torres llegó al poder y decidió dejar de operar la planta que recién se había inaugurado, sin dar explicaciones a la opinión pública. Posteriormente, asumió la presidencia Maximino Muñoz Vázquez, quien tampoco puso en operaciones el sistema, por lo que han pasado casi seis años sin funcionamiento.
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Fue hasta la semana pasada, cuando, derivado de la recomendación del organismo defensor de Derechos Humanos, se dio a conocer la iniciativa de los ayuntamientos de Juan Galindo y Huauchinango, en conjunto con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, para iniciar la operación de las infraestructuras.