Por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, que estarían relacionados con la llamada Estafa Maestra, el exdelegado de la Sedatu en Puebla, Juan Manuel L., originario de Zacatlán, fue vinculado a proceso junto con Noé M., ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
A través del comunicado 235/21, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) obtuvo vinculación a proceso en contra de estos dos exfuncionarios.
“El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel ‘L’, exservidor público, y Noé ‘M’, funcionario de una Universidad en el Estado de México”, indicó.
El mismo juez impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la presentación periódica mensual. También fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria.
Cabe señalar que el funcionario vinculado a proceso se desempeñó como titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, tiempo durante el cual presuntamente habría contratado indebidamente servicios con recursos económicos públicos y solicitado el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.
Es de destacar que el hoy vinculado a proceso fue presidente municipal interino de Zacatlán durante la administración de Juan Carlos Lastiri Quirós en el trienio 1996-1999, con quien coincidió también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La investigación en contra del exfuncionario estaría relacionada con la Estafa Maestra, nombre que recibió una investigación periodística hecha en 2017 por el portal de noticias mexicano Animal Político, en asociación con la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
La publicación desenredó un sistema de 128 empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno federal mexicano habría desviado 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales desaparecieron 3 mil 433 millones, esto a través de la red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del estado, ocho universidades públicas, 186 empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.
Las repercusiones de esta investigación, en Zacatlán, habían tocado muy superficialmente al hoy vinculado a proceso, casi toda la atención se había centrado en su jefe inmediato Juan Carlos Lastiri Quirós, quien fungió como subsecretario de las mismas dependencias federales investigadas.
ANTECEDENTES
El 10 de enero de 2017, el director general de la Coordinación de Delegaciones, Marcos Ibarra Infante, a nombre de la entonces titular federal, Rosario Robles Berlanga, tomó protesta a Juan Manuel L. como delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encomendando, entre otras funciones, el reforzamiento del trabajo cooperativo y seguimiento puntual a las acciones y programas de esa dependencia de gobierno.
Además de haber sido presidente municipal interino, fue diputado federal suplente por la LIX Legislatura (2003-2006), en el que José Guillermo Aréchiga Santamaría era el titular.
El también egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fungió antes de ese cargo como coordinador General de Vinculación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla; fue director general de Participación Ciudadana en la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del estado, además de que fungió como coordinador de asesores en la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación y Jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales en la Sedesol, y como coordinador de asesores en la Sedatu.
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