Inspectores de las comunidades de Tepeteno, Chinampa, Ajocotzingo Sección 13, Túnel 2, Gómez Poniente y El Mirador acusaron que por solicitar recursos con los cuales llevar a cabo obras deservicios básicos para sus comunidades, el alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, los destituyó de sus funciones y que, a través de engaños, los despojó de equipos de radio comunicación y sellos con lo cual realizaban documentación en sus localidades.
Según lo declarado por Julio Santos Valerio, inspector de la comunidad de Túnel 2, fue en mayo de 2019, cuando envió un documento al edil para solicitar la transferencia de recursos, de forma equitativa en el porcentaje del número de habitantes y que por derecho corresponde, en las partidas federales, estatales o especiales, para ser administrados por esta comunidad indígena, ello basado en el párrafo I, del apartado B del artículo 2.º constitucional.
Fue a partir de dicho momento, cuando el alcalde retiró el equipo de radio comunicación y el sello, para evitar que se emitiera algún documento como autoridad comunitaria, ello sin haber dado contestación a dicho documento; por este motivo, habría emitido un segundo oficio en el mes de junio, con el cual recordar dicha petición, mencionando que la escasa asignación de recursos, venía generando gran diferencia en los niveles de desarrollo de este lugar, en comparación a otras localidades.
De lo anterior, el inspector destacó que tampoco hubo respuesta, motivo por el que a través de otro documento solicitó la devolución del radio y del sello que le fueron recogidos, con el supuesto de que iban a ser renovados; dicho oficio fue contestado por el edil en el mes de noviembre, dándole a conocer el cese de sus funciones por acuerdo de cabildo, atribuyendo que toda administración de recursos, corresponde al Ayuntamiento.
De la misma forma y de acuerdo con lo plasmado en el documento, el edil le dio a conocer que a partir del 24 de septiembre ya no era reconocido como inspector, advirtiendo que, al seguirse autonombrando con dicho cargo, resulta una conducta inapropiada e ilegal, conminándolo a no seguir actuando de mala fe ante la ciudadanía, ya que de lo contrario se iniciarían procedimientos legales, administrativos y civiles en su contra.
Dicha situación fue repetida con Pascual Marcelo González, inspector de Chinampa, Alfredo Gerardo Guerrero Vicente, inspector de Tepeteno, así como el resto de las comunidades como Ajocotzingo Sección 13, Gómez Poniente y El Mirador, a los cuales les fueron retirados los radios y sellos de la comunidad, mismos que supuestamente también han sido destituidos de sus cargos, pero sin hasta el momento recibir o firmar un documento oficial, en el cual sean notificados de los motivos por lo que han sido separados de sus cargos.
Cabe destacar que dichas autoridades comunitarias recibieron su nombramiento el pasado mes de diciembre de 2018 por un periodo de tres años, en el que se comprometieron a trabajar sin percibir sueldo alguno, siendo nombrados un propietario y suplente, por los mismos habitantes de las 104 comunidades existentes en este municipio, seis de ellas que se mantienen inconformes por esta presunta destitución, en la que suponen, existen intereses personales.
Por tal motivo y ante una presunta represalia, dichas comunidades han sido privadas de obras y todo servicio por parte de la autoridad municipal, generando molestia entre los pobladores, ya que algunos trámites y servicios se han visto entorpecidos al no contar con documentación emitida por los inspectores; por ello piden la intervención de las autoridades estatales a fin de solucionar este conflicto que afecta el desarrollo de estas seis comunidades indígenas.
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