Entre abusos de poder, corrupción y vínculos con administraciones estatales, Porfirio Loeza Aguilar encabeza su cuarto periodo de gobierno como presidente municipal de Tlatlauquitepec, marcando con ello la historia de casi 20 años para cuando termine su actual mandato.
Llegado al poder en el periodo 2005-2008 por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el edil se ganó la confianza de la gente por la entrega de apoyos y obras, sin embargo, estos fueron realizadas en comunidades afines, dejando en la marginación a otras como Tepeteno de Iturbide con el que actualmente enfrenta un conflicto político.
Al término de su primer periodo de gobierno, dejó pasar un trienio y obtuvo de nuevo la candidatura del partido naranja, en coalición con PAN-PRD y Nueva Alianza, logrando el triunfo para el gobierno 2011-2014, sin embargo, antes de que asumiera el cargo, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfise) detectó anomalías en sus cuentas públicas por 19.5 millones de pesos del trienio anterior, derivando en la inhabilitación por 11 años para desempeñar funciones públicas.
LAS IRREGULARIDADES DE PORFIRIO LOEZA AGUILAR
De acuerdo con lo informado en aquel momento por el Orfise, en el 2007 le fue detectado a Porfirio Loeza un recurso no comprobado, motivo por el que se hizo acreedor a un Inicio de Procedimiento Administrativo para Determinar Responsabilidades (IPADR), por un monto de más de 14 millones de pesos y uno más, por cerca de 30 millones, cuya problemática fue disuelta, a través de un acuerdo político, concretado durante el 2018.
En cuanto a su cuenta pública de 2008, también le fue iniciado un IPDR por más de 15 millones de pesos, cuyo arreglo político antes mencionado también resolvió dicho faltante; en tanto y en lo que respecta al ejercicio 2006, le fue impuesto un procedimiento de responsabilidad, resolviendo una restitución de daño patrimonial por más de 13 millones de pesos, una sanción económica por la misma cantidad y una inhabilitación por 11 años.
Tras contener y obtener el triunfo en la elección de 2010, Porfirio Loeza, logró tomar nuevamente el cargo como alcalde, siendo en dicho momento, cuando el Órgano de fiscalización superior, dio inicio al procedimiento administrativo de revocación de mandato, cuya notificación fue enviada al ayuntamiento, la cual fue extraviada y por tanto, su ejecución fue postergada, hasta el término de la administración 2011-2014.
No obstante, fue en el 2016, cuando casualmente le fueron aprobadas sus cuentas públicas de los años 2011, 2012 y 2013, lo que le permitió contender en la elección de 2017, en la que obtuvo para ser alcalde durante el periodo 2018-2021, el cual se destacó por las problemáticas que sostuvo con los inspectores de las comunidades de Tepeteno, Chinampa, Ajocotzingo Sección 13, Túnel 2, Gómez Poniente y El mirador, los cuales fueron destituidos por el cabildo, por solicitar recursos, con lo cual llevar a cabo obras y servicios básicos para sus comunidades.
De lo anterior, Porfirio Loeza Aguilar, habría recibido un revés por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien le ordenó al cabildo, la restitución a sus cargos de dichos inspectores, determinando una asignación presupuestal, pero además la revocación de las actas de cabildo del ayuntamiento, en las que estos fueron destituidos.
Dichas problemáticas, no impidieron que el munícipe, buscara la reelección para el periodo 2021-2024, en cuyo periodo de campaña fue retenido por pobladores de la comunidad de Gómez Poniente, ello ante la inconformidad del nulo cumplimiento de acciones que fueron prometidas durante sus anteriores gobiernos y que hasta dicho momento no habían sido cumplidas, obligándolo a registrarse dentro de una vivienda, a la que dichos habitantes amenazaban con incendiar.
Pese a dicha inconformidades, Loeza Aguilar logró el triunfo para la presente administración, en la que de igual forma, mantiene una marcada rivalidad con algunas de las comunidades, entre ella Tepeteno, que recientemente logró su autonomía económica, dejando de depender del gobierno municipal para realización de obras y beneficios, pero cuyo revanchismo político, ha generado protestas y manifestaciones.
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