Representantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos exigieron la reposición de los sellos de clausura del relleno sanitario intermunicipal de Cholula, luego de que un juez federal ordenó dicha medida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Además, aseguraron que este ya no puede ser un sitio de disposición final de basura, ya que su vida útil venció hace cuatro años.
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En conferencia de prensa, Juan Carlos Flores, abogado de esta organización, comentó que esperan que sea máximo la próxima semana cuando el relleno vuelva a ser clausurado, puesto que no es posible que se continúe con la recepción de residuos sólidos urbanos cuando el espacio ya está sobresaturado.
Detalló que de acuerdo con los permisos y autorizaciones de las autoridades municipales y estatales, en el 2015 el área inicial autorizada fue de 39 mil 790.22 metros cuadrados y cuatro años después, es decir, en 2019, se hizo una ampliación al basurero por 10 mil 060 metros cuadrados.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza S. A. de C. V., operadora del relleno, comenzó a utilizar 18 mil 376 metros cuadrados como una área que forma parte de la macro celda, sin que hubiera permiso alguno.
Por tanto, destacó que solamente se autorizaron 49 mil 850.22 metros cuadrados, no obstante, la ocupación fue de 68 mil 226.22 metros cuadrados, lo cual muestra que hay graves violaciones a la ley.
A lo anterior le sumó que la manifestación de impacto ambiental señala que este sitio tendría una capacidad para recibir 200 toneladas de basura al día, no obstante, los reportes que la empresa ha dado a la Profepa y Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las inspecciones realizadas se menciona que recibían de 500 a 600 toneladas diarias.
Por dicha situación, acusó que hay irregularidades en todo el manejo de este sitio de disposición final. Incluyó que el 9 de abril, en la primera clausura que hizo la PROFEPA, se pidió a la empresa a cargo cumplir con siete recomendaciones en un plazo no mayor a 15 días, pero indicó que solo se cumplieron dos de las siete medidas correctivas impuestas.
Aseveró que estas acciones trataban de: la instalación para la captación y extracción de lixiviados; drenaje pluvial para el desvío y desalojo del agua de lluvia; celda de emergencia; cobertura de residuos; un informe de actividades; la instalación para la captación y disposición de biogás y su programa de monitoreo, y el programa de monitoreo con puntos de muestreo de agua.
En este sentido y ante la posibilidad de que esta situación no se frene y contrario a ello se siga contaminando los mantos acuíferos, como acusan, debido a que no hay un tratamiento para los lixiviados, Juan Carlos Torres y Alejandro Torres, ambos representantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos, pidieron el apoyo del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el mandatario estatal electo, Alejandro Armenta Mier, para poder llevar a cabo la clausura definitiva.
También denunciaron que han sido víctimas de hostigamiento, ya que entraron de manera ilegal a las viviendas de los manifestantes y han hackeado sus cuentas de redes sociales para extorsionar a sus contactos. A la par, desmintieron la pérdida de empleos debido al bloqueo del relleno, pues aseguraron que no había 110 trabajadores en el sitio, sino menos de 50.
Cabe mencionar que el 21 de marzo pobladores de San Andrés Calpan, Juan Crisóstomo Bonilla y San Pedro Cholula bloquearon la carretera estatal Cholula-Calpan y colgaron mantas en la entrada principal del tiradero para evitar que los camiones ingresaran o salieran del sitio de disposición final de residuos, debido a que acusaron el mal manejo de basura se convirtió en un foco de contaminación en la zona.
