Por incumplimiento en la elaboración del Atlas de Riesgo contratado por el expresidente municipal Rafael Núñez Ramírez, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan no puede hacer una nueva inversión en este rubro, toda vez que el proyecto está observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por más de 560 mil pesos.
Lo anterior fue confirmado por el actual síndico municipal, Horacio Cano, al revelar algunas de las irregularidades detectadas en el documento encargado por el exalcalde, el cual se dijo iba a ser realizada por una empresa especializada.
Entre las anomalías destacan que el documento contenía hojas llenadas con información “obtenida de Wikipedia”, además de que, según los resultados, el municipio de San Martín Texmelucan está propenso a un “tsunami”, lo cual demeritó dicho documento.
Aunque no precisó que había existido incumplimiento de la entrega del Atlas de Riesgo Municipal de San Martín Texmelucan, el síndico explicó que el ayuntamiento no pagó el recurso que faltaba por liquidar.
Cabe señalar que en la administración de Rafael Núñez Ramírez se anunció que estaría concluido por fin el Atlas de Riesgo de San Martín Texmelucan, aunque, en este sentido, el entonces director de Protección Civil, señaló que se había contratado a una empresa para el análisis de las zonas de riesgo.
El entonces regidor de Protección Civil, Mateo Juárez Paredes, señaló que el Cabildo había presupuestado más de un millón y medio de pesos para la elaboración del Atlas de Riesgos, y enfatizó que sería una empresa especializada para la realización del mismo y éste fuera entregado antes de que concluyera la administración 2014-2018.
Sin embargo, las cosas no fueron así y el ayuntamiento de ese momento terminó contratando a una persona física, de nombre José Luis Bolaños Saavedra, quien tanto ofrece sus servicios de construcción de sistemas de riego agrícola, como de plantas de refinación de petróleo de procesamiento de gas natural y de petroquímica.
De acuerdo con las actividades relacionadas con la empresa, se describen: “administración y supervisión de construcción de vivienda, administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de obras para el suministro de agua realizados para el sector agrícola o ganadero, construcción de sistemas de riego agrícola, administración y supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego. Construcción de obras relacionadas con la distribución de petróleo y gas, plantas de refinación de petróleo de procesamiento de gas natural y de petroquímica, administración y supervisión de construcción de obras parea petróleo y gas, obras de generación y conducción de energía eléctrica, obras de telecomunicaciones, construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones. Supervisión de división de terrenos y construcción de obras de urbanización. Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales, construcción de vías de comunicación, obras marítimas, fluviales y subacuáticas, entre otras”.
Durante la investigación sobre la elaboración del Atlas de Riesgo, de manera extraoficial fue informado a El Sol de Puebla que, tras acabarse la administración 2014-2018, la entonces síndico municipal, María de Jesús Quintero Padilla, firmó de manera irregular una adenda en la que el prestador de servicios se comprometía a entregar el Atlas de Riesgo el 31 de diciembre del 2018, es decir, fuera la administración municipal.
Otras de las irregularidades que se encontraron, fue la que la Auditoria Superior del Estado observó que en la cuenta pública 2018, se hicieron dos pagos, una con fecha 14 de marzo de 2018 por 425 mil 263.10 pesos y el 9 de mayo de 2018 por 135 mil 656.60 pesos, bajo el concepto de “propuesta de peligros y riesgos del municipio”.
En este sentido, la ASE, vio como irregularidades que el “dictamen de excepción a la licitación pública no acredita el estudio de mercado mediante el cual se determinó el precio estimado establecido en dicho dictamen”. Y su “fallo fue a favor de la propuesta económica más alta”. Además de que el “fallo a favor de un proveedor que no participó en el proceso de adjudicación”.
Por lo anterior, la ASE hizo la observación de la cuenta pública 2018 bajo el número 0822-18-07/01-E-PO-14 por un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 560 mil 919.70 pesos.
