“La minera miente”, señalaron habitantes, activistas y representantes de organizaciones, durante una rueda de prensa realizada este martes en la Ciudad de México y en la que destacaron la petición al juez que tiene a su cargo la resolución de la causa motivada por las filiares de la empresa canadiense Almaden Minerals, para que no permita más concesiones mineras en este territorio.
Para Diana Pérez, la abogada que ha llevado la defensa legal, desde 2015 la organización Fundar, así como el Consejo Tiyat Tlali acompañaron a la comunidad nahua del ejido de Tecoltemi en la defensa de sus derechos, a través de un juicio de amparo para impugnar las concesiones que fueron otorgadas por la Secretaría de Economía en 2003 y 2009.
En septiembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que se resolvió la insubsistencia de las concesiones de Almaden Minerals, así como el análisis de la factibilidad de las concesiones, lo que derivó en que hay elementos de hecho y de derecho que determinaron la infactibilidad de la emisión de las concesiones.
En este sentido, explicó que el tercer efecto señalaba que en el caso de factibilidad tendría que haber un proceso de consulta, lo que ya quedó sin efecto: “la empresa minera ha querido mentir diciendo que tendría que darse la consulta”.
En las evaluaciones realizadas –refirieron- se concluye que no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.
A consideración de los declarantes, si bien este es un logro histórico para los pueblos que luchan por la defensa sus territorios y el ejercicio de la libre determinación, queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones, mediante el cual, según datos actualizados de Fundar, se han entregado 25 mil 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21.3 millones de hectáreas del territorio nacional, en múltiples casos a costa de la violación sistemática de los derechos de las comunidades.
“Rechazamos las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras, cuando de lo que se trata es hacer un mínimo de justicia a las comunidades frente a los atropellos a sus derechos humanos y al despojo validado por esta ley neoliberal. Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, se lee en el comunicado.