Cerca de 50 jornaleros de la empresa Driscoll’s que el pasado 27 de noviembre presentaron una queja ante la Junta Especial Nº 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje, por despido injustificado y una serie de anomalías por parte del personal, daño moral e intimidación, ahora también acusan un posible acto de corrupción, cometido por el personal de esta junta, luego de que les recomendaran renunciar en vez de mediar para conseguir su finiquito en términos de ley.
Explicaron que pretenden ser obligados para firmar una renuncia voluntaria, a fin de recibir una cantidad de 16 mil pesos, a cambio de evitar ser acusados por sospecha de robo, ello luego de que la empresa fuera asaltada. Por este motivo, buscaron asesoría legal para conocer el monto que por ley les corresponde, determinando que de acuerdo con su antigüedad tienen derecho a cantidades que van de entre 60 y 85 mil pesos.
Y es que, tras dicha queja, interpuesta ante la instancia, dieron a conocer que fue citado el representante legal de la empresa, “para tratar una diligencia de carácter laboral”, misma a la no acudió, sin embargo, fue el presidente de esta junta, junta especial Nº 8, quien evitó dar seguimiento al caso, omitiendo enviar el total de los citatorios de acuerdo a como lo marca la ley, por el contrario, entabló comunicación vía telefónica y whatsapp, con dicho representante legal.
Por tal motivo y ante los nulos resultados de esta queja, fueron los afectados quienes solicitaron una explicación al funcionario, mismo que les dio a como respuesta “que accedan a firmar, ya que lo contrario, no les van a dar nada”, anticipándoles su derrota.
La respuesta generó molestia a los trabajadores, quienes solicitaron el nombre del jefe superior, pero el responsable solo les dijo que “su jefe, es el presidente de la República”. Derivado de ello, advierten que podría tratarse de un caso de corrupción y consideraron necesario darlo a conocer.
Por este motivo, será este lunes cuando de nueva cuenta, los inconformes acudan a la junta especial ubicada en el municipio de Teziutlán, advirtiendo que en caso de no recibir una respuesta satisfactoria, acudirán directamente a las oficinas de esta misma dependencia en la ciudad de Puebla, para solicitar se resuelva su caso, pero además solicitando ante la Secretaría de la Función Pública, la destitución de dicho funcionario, quien en lugar de atender su caso “se puso del lado de la empresa”.
De la misma forma, dieron a conocer que mientras tanto, evitarán firmar todo tipo de documento que avale su enuncia, emprendiendo por tanto un juicio en el cual, además de pelear su liquidación, también buscarán se les pague salarios caídos, entre otras prestaciones.