Con un programa de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla en coordinación con las autoridades de Juan Galindo, se pretende poner en marcha una planta tratadora de aguas residuales que no funciona desde el año 2018, en la que se invirtieron 38 millones de pesos.
La semana pasada funcionarios de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE) estuvieron en el municipio de Juan Galindo, realizando una inspección ocular sobre el estado actual de las instalaciones de la planta tratadora de agua.
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En el lugar se habló de la rehabilitación parcial y de la forma de poner en funcionamiento el sistema, “no es un sistema automatizado, por lo que para el presupuesto del municipio es viable echarla a andar”, dijo el presidente municipal, Maximino Muñoz Vázquez.
La planta está ubicada en la cabecera municipal, tiene la capacidad de sanear “10 litros por segundo” y está a un costado de la presa Necaxa. El objetivo es contribuir con el saneamiento del cuerpo de agua que forma parte del complejo hidroeléctrico que lleva el mismo nombre.
Por el momento no hay montos específicos con los que contribuirían los dos entes, tanto municipal como estatal, sin embrago, se consideró viable para poner en operación el sistema antes de que termine el año 2024.
Se trata de una planta que fue construida durante el periodo del “morenovallismo”. Se construyeron los colectores marginales que van sobre dos ríos que rodean la demarcación: Gamito 1 y Gamito 2, para liberar los cuerpos de agua de casi 500 descargas de líquidos residuales de igual número de viviendas.
El proyecto tuvo un financiamiento inicial de 12 millones de pesos, con lo que se adquirió operativo de la planta tratadora de aguas residuales, después vino una inversión de 13 millones para los colectores marginales y finalmente se destinaron poco más de 13 millones para la obra civil, donde se instaló la infraestructura, aunque en esa obra quedaron mil 500 metros pendientes de colectores en el Gamito 2.
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En las participaciones económicas para el proyecto en su conjunto, el ayuntamiento no invirtió recursos económicos, y aunque en un principio se había estimado que los gobiernos federal y estatal aportarían el 80 por ciento para la obra (40 y 40 por ciento) y el ayuntamiento 20, fue el gobierno federal de ese entonces quien decidió absorber los costos por el 60 por ciento.