/ martes 13 de agosto de 2024

Roban cámaras para encubrir otros delitos en Tehuacán

Las autoridades confirman que han detenido a personas con equipos de vigilancia, pero los dejan libres por falta de denuncias

El robo de cámaras de vigilancia no se realiza para la venta de estos artículos, sino para evitar que los delincuentes sean monitoreados al cometer un crimen, así lo consideran comerciantes de Tehuacán, quienes constantemente exhiben videos en los que se muestra a los ladrones arrancando las cámaras, pero no logran ser detenidos, ya que suelen actuar durante la madrugada y no hay flagrancia.

Los videos quedan como evidencia de las mismas cámaras que son robadas, por lo que los propietarios optan por subirlos a las redes sociales para identificar a los responsables, quienes, por lo general, son jóvenes de no más de 25 años, y siempre van con el rostro cubierto. La mayor parte de estos robos se cometen durante la medianoche o la madrugada.

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Estos sujetos suelen caminar por diferentes calles de la ciudad, detectando negocios o propiedades con cámaras exteriores. Una vez localizadas, buscan la hora perfecta en que el lugar está desolado, y con la ayuda de un mecate, un tubo, o simplemente trepando por las paredes, y apoyados por cómplices, las arrancan.

Jorge, un comerciante de mercados sobre ruedas que frecuenta la Colonia Puebla o la Colonia San Rafael, señala que a estos lugares llegan comerciantes de artículos usados, y que frecuentemente se encuentran este tipo de cámaras, las cuales llegan a ser vendidas hasta en 50 o 100 pesos porque están dañadas, además de que los cables están cortados, lo que dificulta su compatibilidad con otros sistemas.

Este argumento es confirmado por Arturo Bustamante Lazcano, propietario de la empresa de Sistema de Telecomunicaciones Tehuacán (STT), dedicada a la instalación de cámaras de videovigilancia. Mencionó que este tipo de sistemas no garantizan seguridad, ya que no evitan la comisión de un delito, sino que son una medida preventiva.

Explicó que el costo de las cámaras, según su calidad y marca, puede variar entre 400 y 900 pesos cada una. Además, cada cámara es compatible con diferentes sistemas, por lo que no cualquier cámara puede ser instalada en otro sistema. Por lo tanto, una vez que las cámaras son arrancadas y los cables cortados, quedan totalmente inservibles.

Desde su perspectiva, el robo de las cámaras tiene más que ver con facilitar la comisión de delitos en la zona sin ser captados, que con obtener algún beneficio económico de su venta, pues a nadie le gusta la mala fama a través de las redes sociales. Recomendó a sus clientes, aunque pueda parecer absurdo, asegurar o proteger sus cámaras de vigilancia.

Comentó que para evitar robos, se pueden colocar protecciones metálicas o usar materiales adecuados para fijarlas correctamente, por lo que siempre es recomendable dejar que profesionales se encarguen de la instalación. Además, aconsejó evitar la compra de cámaras usadas, ya que no se debe fomentar un mercado de algo que no sirve.

Los equipos son vendidos hasta en 50 pesos. Foto: Cortesía

Evaden a las autoridades

Marco Antonio Rodríguez Toral, director de Seguridad Pública, mencionó que lamentablemente es muy complicado ubicar a estos sujetos, ya que siempre buscan el momento en que las calles están solitarias para arrancar las cámaras. No hay flagrancia, lo que dificulta su detención.

El funcionario dijo que durante los recorridos de las unidades, cuando se observa a alguien caminando a altas horas de manera sospechosa, se les detiene y se les somete a una revisión. En algunas ocasiones se les encuentran cámaras entre sus pertenencias, pero como no hay una denuncia o señalamiento, cumplen con sus horas de arresto y deben ser liberados.

Videos, como prueba ilegal

Una cámara es un sistema preventivo, pensado para que en su momento el delincuente se sienta observado y se abstenga de cometer un delito. Sin embargo, para la mayoría de los delincuentes, es irrelevante estar siendo grabados. Estos videos se convierten en pruebas que son presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cada vez es más frecuente que en asuntos penales se entreguen videos como indicios para comprobar un delito. Sin embargo, un video podría ser susceptible de ser alterado o incluso creado con Inteligencia Artificial. El video o la fotografía son medios, pero no constituyen prueba plena si no van acompañados de otros elementos como peritos o testigos.

Abogados explican que muchas personas piensan que con una fotografía o video pueden justificar lo que está sucediendo, pero solo es un indicio que no da prueba plena, según mencionó el abogado Tomás Calderón Alfaro. Dijo que incluso los videos compartidos en redes sociales se convierten en un indicio si un perito lo considera así.

“Se les tiene que dar el valor adecuado, ya que se debe verificar si el material está alterado. Hay casos en los que los videos no deben tener alteración alguna, como en un homicidio, donde el perito debe confirmar que no se ha manipulado”, explicó.

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El especialista en seguridad, René Sánchez, comentó que no se trata solo de entregar a un juez una memoria o un disco con el video que muestra un delito. Este debe ser extraído mediante una orden judicial, con la intervención de un perito especializado, quien deberá darle validez y, mediante una cadena de custodia, se entrega como prueba.

El robo de cámaras de vigilancia no se realiza para la venta de estos artículos, sino para evitar que los delincuentes sean monitoreados al cometer un crimen, así lo consideran comerciantes de Tehuacán, quienes constantemente exhiben videos en los que se muestra a los ladrones arrancando las cámaras, pero no logran ser detenidos, ya que suelen actuar durante la madrugada y no hay flagrancia.

Los videos quedan como evidencia de las mismas cámaras que son robadas, por lo que los propietarios optan por subirlos a las redes sociales para identificar a los responsables, quienes, por lo general, son jóvenes de no más de 25 años, y siempre van con el rostro cubierto. La mayor parte de estos robos se cometen durante la medianoche o la madrugada.

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Estos sujetos suelen caminar por diferentes calles de la ciudad, detectando negocios o propiedades con cámaras exteriores. Una vez localizadas, buscan la hora perfecta en que el lugar está desolado, y con la ayuda de un mecate, un tubo, o simplemente trepando por las paredes, y apoyados por cómplices, las arrancan.

Jorge, un comerciante de mercados sobre ruedas que frecuenta la Colonia Puebla o la Colonia San Rafael, señala que a estos lugares llegan comerciantes de artículos usados, y que frecuentemente se encuentran este tipo de cámaras, las cuales llegan a ser vendidas hasta en 50 o 100 pesos porque están dañadas, además de que los cables están cortados, lo que dificulta su compatibilidad con otros sistemas.

Este argumento es confirmado por Arturo Bustamante Lazcano, propietario de la empresa de Sistema de Telecomunicaciones Tehuacán (STT), dedicada a la instalación de cámaras de videovigilancia. Mencionó que este tipo de sistemas no garantizan seguridad, ya que no evitan la comisión de un delito, sino que son una medida preventiva.

Explicó que el costo de las cámaras, según su calidad y marca, puede variar entre 400 y 900 pesos cada una. Además, cada cámara es compatible con diferentes sistemas, por lo que no cualquier cámara puede ser instalada en otro sistema. Por lo tanto, una vez que las cámaras son arrancadas y los cables cortados, quedan totalmente inservibles.

Desde su perspectiva, el robo de las cámaras tiene más que ver con facilitar la comisión de delitos en la zona sin ser captados, que con obtener algún beneficio económico de su venta, pues a nadie le gusta la mala fama a través de las redes sociales. Recomendó a sus clientes, aunque pueda parecer absurdo, asegurar o proteger sus cámaras de vigilancia.

Comentó que para evitar robos, se pueden colocar protecciones metálicas o usar materiales adecuados para fijarlas correctamente, por lo que siempre es recomendable dejar que profesionales se encarguen de la instalación. Además, aconsejó evitar la compra de cámaras usadas, ya que no se debe fomentar un mercado de algo que no sirve.

Los equipos son vendidos hasta en 50 pesos. Foto: Cortesía

Evaden a las autoridades

Marco Antonio Rodríguez Toral, director de Seguridad Pública, mencionó que lamentablemente es muy complicado ubicar a estos sujetos, ya que siempre buscan el momento en que las calles están solitarias para arrancar las cámaras. No hay flagrancia, lo que dificulta su detención.

El funcionario dijo que durante los recorridos de las unidades, cuando se observa a alguien caminando a altas horas de manera sospechosa, se les detiene y se les somete a una revisión. En algunas ocasiones se les encuentran cámaras entre sus pertenencias, pero como no hay una denuncia o señalamiento, cumplen con sus horas de arresto y deben ser liberados.

Videos, como prueba ilegal

Una cámara es un sistema preventivo, pensado para que en su momento el delincuente se sienta observado y se abstenga de cometer un delito. Sin embargo, para la mayoría de los delincuentes, es irrelevante estar siendo grabados. Estos videos se convierten en pruebas que son presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cada vez es más frecuente que en asuntos penales se entreguen videos como indicios para comprobar un delito. Sin embargo, un video podría ser susceptible de ser alterado o incluso creado con Inteligencia Artificial. El video o la fotografía son medios, pero no constituyen prueba plena si no van acompañados de otros elementos como peritos o testigos.

Abogados explican que muchas personas piensan que con una fotografía o video pueden justificar lo que está sucediendo, pero solo es un indicio que no da prueba plena, según mencionó el abogado Tomás Calderón Alfaro. Dijo que incluso los videos compartidos en redes sociales se convierten en un indicio si un perito lo considera así.

“Se les tiene que dar el valor adecuado, ya que se debe verificar si el material está alterado. Hay casos en los que los videos no deben tener alteración alguna, como en un homicidio, donde el perito debe confirmar que no se ha manipulado”, explicó.

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El especialista en seguridad, René Sánchez, comentó que no se trata solo de entregar a un juez una memoria o un disco con el video que muestra un delito. Este debe ser extraído mediante una orden judicial, con la intervención de un perito especializado, quien deberá darle validez y, mediante una cadena de custodia, se entrega como prueba.

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