De las 15 frecuencias que se escuchan en esta región de Zacatlán, sólo la 88.3 Única FM, 105.3 correspondiente a sistema de comunicaciones del estado de Puebla y la repetidora del 92.3 perteneciente a Radiorama, son las únicas estaciones legales.
En el sondeo hecho con diferentes reporteros y expertos en producción radial coincidieron en que el fenómeno de las radios piratas son una realidad presente en una más en Zacatlán y Chignahuapan sino en todo el país que van creciendo exponencialmente.
Es una competencia desleal porque pagan impuestos y los gastos de producción, que tiene que ser cuidada y profesionalizado, más todo lo que le requirió el proceso larguísimo, caro, complejo y tedioso de adquisición de la concesión, lo que no sucede con los propietarios de las radios piratas que pueden transmitir desde cualquier lado, con costos muy reducidos, porque ni siquiera pagan seguro social. Su comercialización, sin embargo, es mucho menor que la legalmente establecida.
La calidad de producción es otro de los temas sensibles, mientras que las legales tienen que cumplir con todas las especificaciones legales y técnicas para la instalación del equipo necesario para las emisiones y la vigilancia de la calidad de la producción de los programas a transmitirse, las radios piratas no cumplen estos parámetros de producción, aun cuando se nota la diferencia a la hora que el radioescucha cambia de cuadrante.
LAS ILEGALES
En la región de Zacatlán se escuchan 15 frecuencias diferentes en FM. Unas son desde estaciones procedentes de otras partes del estado, incluyendo supuestamente la capital poblana. Están la 87.9, 91.1, 93.5, 97.1, 98.7, 99.1, 99.7, 102.3, 103.5, 103.7, 104.3, 107.9.
En el monitoreo a las cinco primeras, se escucharon tanto comerciales que difunde medidas de prevención al contagio por Covid-19, maestros sanadores espirituales, talleres mecánicos, ferreterías, farmacias, panaderías, materias primas para la elaboración de pan, empresas “sanitizantes”, de productos de limpieza, refrescos locales, mueblerías, materiales de construcción, laboratorios, sumideros y hasta promoción de médicos locales.
VACÍOS LEGALES
Expertos en sociología y antropología consultados sobre el tema criticaron que las concesiones puede ser un juego para favorecer a ciertos grupos políticos o de empresarios con intereses económicos claramente establecidos.
Es una forma de generar ciertos grupos que se favorecen de la mala distribución de las frecuencias; mismas que favorecen más a lo comercial y se alejan del apoyo a las comunidades indígenas o las radios comunitarias, algunas de ellas incluso buscando concesión desde hace más de 10 años.
Aunque mencionaron casos loables como en Cuetzalan, hay otras que quedan pendientes por falta de capital y de equipo técnico como en Zautla, lo que es un atentado contra las garantías los grupos étnicos del Estado y que favorecen la desigualdad social y económica.
Defendieron que las radios comunitarias favorecen y promocionan la participación ciudadana, atienen a problemáticas sociales específicas empezando por la homogenización cultural y la preservación de los idiomas, es más democrática y con verdadero derecho de expresión.
"Hay un gran vacío legal para asegurar la democrática repartición de los espectros radial que favorezca a los pueblos indígenas o a los grupos sociales vulnerables para que puedan tener sus propios medios de comunicación que busquen un equilibrio entre los aspectos comerciales, la pluralidad de ideas o pensamientos, la preservación de la cultura, el derecho a la información y la difusión de valores humanos", confió el experto miembro de un grupo que pretende una radio comunitaria en la Sierra Norte de Puebla.
Sólo les falta el dinero en esta zona donde las radios comunitarias serían una muy buena alternativa para resolver los diferentes conflictos sociales que han surgido a raíz de las llegadas los llamados "proyectos de muerte", las bandas delictivas y otros problemas sociales.
El conflicto con las radios comunitarias es que se criminaliza a quienes tienen el valor y el ingenio para poder instalar una estación de transmisión, aun cuando, en teoría, hay un porcentaje de estaciones que deben ser liberadas para concesiones de uso social: es una forma de censura, violación a los derechos indígenas y un atentado contra derechos fundamentales como el derecho a la libre opinión de ideas, de expresión y de acceso a la información en el propio idioma del receptor.
LOS EXCESOS
Quizás una de las limitantes queda ejemplificada el 30 de marzo de 2020 cuando Otilio Sosa Lobato, un activista social reconocido en la región, a través de redes sociales difundió un video de 29 segundos en el que el también conductor de una estación ilegal que en ese tiempo transmitía a través del 105.7 FM, hizo declaraciones polémicas como que el Covid-19 es una gripa cualquiera:
"Recuerden que este Covid es más el susto que le están metiendo al mundo que lo que realmente es esta enfermedad; es otra gripa cualquiera… Lo que está pasando en otras partes del mundo (es diferente), pues no comen lo mismo que nosotros comemos, no viven donde nosotros vivimos, aquí podemos ver el solezaso (sic), aquí estamos a más de 27 grados centígrados, ese Covid aquí ni llega", dijo en aquel entonces.
