“Por haberse construido sin permisos ambientales correspondientes y por haberse construido en una zona donde se afectan mantos freáticos”, la plata tratadora de aguas residuales que se realizó durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, fue clausurada “una vez más más por la Profepa”, dio a conocer la regidora de Salud Gemma Salas Cordero.
Se trata de una obra que costó poco más de 160 millones de pesos y que fue construida durante la administración municipal de Gabriel Alvarado Lorenzo, misma que fue inaugurada en mayo del año 2017, por el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad.
La obra nunca ha funcionado para evitar descargas de aguas negras de la cabecera municipal de Huauchinango al río Necaxa, incluso en abril del año 2017, poco antes de que se inaugurara, se pudo saber que carecía de permisos ambientales, de acuerdo con información publicada en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el mes de julio del mismo año, se confirmó que, al menos tres conductas y omisiones constitutivas de delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento ecológico fueron cometidas durante la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huauchinango en la que se invirtieron recursos por 162 millones de pesos provenientes de los gobiernos estatal y federal.
Recapitulando, el experto en el tema, biólogo Francisco Ledezma, subrayó que tanto la empresa constructora como el gobierno del estado que licitó y ejecutó los trabajos sin contar con diversas licencias ambientales, incluidos los cambios de uso de suelo forestal, incurrieron en varios de los ilícitos previstos y sancionados en el Código Penal Federal en materia de recursos naturales y otras conductas ilegales que atentan contra el ordenamiento ecológico y de impacto ambiental, considerando que se está en un Área Natural Protegida.
Al ser cuestionada del por qué hasta la fecha, la planta con una inversión millonaria, la integrante del cabildo de Huauchinango, indicó que, desde el pasado mes de agosto de 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) volvió a clausurar la infraestructura por permanecer sin permisos de la Semarnat. La clausura fue el pasado 18 de agosto.
