Pese a las constantes denuncias de corrupción y desvío de recursos, el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Tehuacán ha representado una fuerte carga económica para el gobierno municipal, calculada en más de 50 millones de pesos, lo que se ha convertido en un gasto significativo para los tehuacanenses.
Con el crecimiento anual del número de afiliados, la administración municipal destina recursos a aumentos salariales, apoyos educativos, obsequios por el Día de la Madre y del Padre, regreso a clases, pagos médicos y jubilaciones.
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Con la llegada de un nuevo gobierno municipal, se iniciarán las pláticas entre el edil y la líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla (STSHATP), Verónica Jiménez García, para analizar la renovación del contrato colectivo, tal como ocurrió en la administración anterior.
En más de 10 años, el número de trabajadores protegidos por el sindicato ha incrementado con cada cambio de administración, lo que ha generado un problema financiero para las autoridades municipales. Cada año, el sindicato exige aumentos salariales y beneficios económicos, además de apoyos que no se otorgan al personal de confianza.
Antecedentes sindicales
En 2010, el entonces presidente municipal Félix Alejo Domínguez buscó una diputación local, y Luis Cobos Fernández asumió el cargo de presidente interino. Durante su gestión, detectó que el sindicato, que llevaba 35 años recibiendo beneficios del erario, no contaba con la toma de nota legal como sindicato, lo que lo convertía en una organización ilegal. En consecuencia, Raúl Salazar Armenta, líder del sindicato, fue detenido en mayo de 2010.
Desde entonces, comenzó la disputa sobre quién podría constituir un sindicato legítimo. Durante la administración de Eliseo Lezama Prieto (2011-2014), Ivonne Morales Luna obtuvo su toma de nota con 108 afiliados. Para 2014, el número de afiliados aumentó a 187, con lo cual Morales Luna obtuvo reconocimiento oficial y los trabajadores comenzaron a recibir deducciones sindicales.
Con Ernestina Fernández Méndez en la administración de 2014-2018, no hubo acuerdos; incluso se denunciaron abusos por parte de la líder sindical, quien fue señalada por realizar gastos excesivos en restaurantes, adquirir una camioneta de lujo y otros gastos cuestionables. Al cambiar de administración, 79 trabajadores eventuales pasaron a formar parte del sindicato, sumando un total de 400 miembros, según declaraciones de la propia líder sindical.
En 2019, Felipe Patjane Martínez asumió la presidencia municipal con una buena relación con Ivonne Morales Luna, a pesar de que el mantenimiento del sindicato costaba al ayuntamiento 50 millones de pesos anuales. Sin embargo, los problemas políticos y financieros de su administración lo llevaron a prisión, lo cual detuvo las negociaciones sindicales y mantuvo el estatus quo.
Al final de la administración, Patjane desconoció a Morales Luna como líder sindical, lo que provocó la creación de un nuevo sindicato en 2020, encabezado por Verónica Jiménez, quien había trabajado junto a Morales Luna durante años. Este nuevo sindicato se constituyó formalmente con más de 300 integrantes, y así comenzaron nuevas negociaciones y beneficios para los trabajadores.
El abogado y ex síndico municipal, Tomás Calderón Alfaro, expresó: “El sindicato del ayuntamiento siempre ha sido una gran carga. Los sindicatos y las autoridades han aprovechado la situación para colocar a amigos, conocidos y familiares en posiciones con salarios elevados. Cada año son más, y esto, a largo plazo, será un problema financiero para las autoridades”.
Calderón añadió que el sindicato se ha convertido en un objeto de negociación política. Cada tres años, el sindicato crece con más integrantes, muchos de los cuales no son de campo, sino personal allegado, que entra con altos salarios y grandes prestaciones. Señaló que la única manera de detener este problema es reorganizar el organigrama del ayuntamiento.
Explicó que las nuevas autoridades deberían evaluar a cada trabajador, determinar quiénes son eficientes y decidir qué bases permanecerán y cuáles deben eliminarse, liquidando conforme a la ley a quienes no continuarán, sin violar sus derechos laborales. De esta manera, se conservaría solo a los empleados que realmente aportan a la administración.
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“Es mejor liquidarlos que mantenerlos durante 10, 20 o 30 años. Solo así dejarán de ser una carga para las finanzas del municipio”, concluyó el ex síndico municipal. Además, enfatizó que las nuevas autoridades tendrán que enfrentar este problema, evaluando cuántos integrantes aumentarán en esta administración y el costo que representará para la ciudadanía mantener esta nómina y los beneficios sindicales.