San Martín Texmelucan.- Por unanimidad de votos el cabildo de Texmelucan aprobó solicitar a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado un préstamo de 19.3 millones de pesos para poder cubrir adeudos de la administración municipal pasada de Noé Peñaloza Hernández y Carlos Sánchez Romero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no cumplir con sus obligaciones fiscales.
De acuerdo a la información proporcionada por el regidor de Hacienda del Ayuntamiento, Martín Padilla Zurita, el Ayuntamiento de Texmelucan tenía una deuda de 31 millones de pesos que fue heredada de la administración municipal de Noé Peñaloza Hernández (2008-2011) y Carlos Sánchez Romero/Teodoro Ixtlapale Caporal (2011-2014) por 31 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de que el gobierno municipal no cumplió con sus obligaciones fiscales.
De este adeudo el actual gobierno municipal que preside Norma Layón Aarún logró pagar 5.5 millones de pesos de un ahorro que tenía en sus finanzas para poder solventar parte de dicha deuda, además a través de un diálogo con dicha dependencia federal se logró que al Ayuntamiento se le condenara 6 millones de pesos, de tal forma que actualmente tiene que pagar 19.3 millones de pesos para evitar que sean sujeto de un embargo, subrayó.
Por ello se llevó a cabo un cabildo extraordinario, para someter a votación la solicitud para que la alcaldesa pida a la Secretaria de Finanza del gobierno del estado un préstamo por 19.3 millones de pesos de las participaciones que le corresponden al municipio de Texmelucan, para poder cubrir el adeudo, la cual fue aprobada por unanimidad de votos de los cabildantes, préstamo que será cubierto por el gobierno municipal en 10 meses a partir del mes de enero del próximo año, es decir que cada mes le descontaran 1 millón 930 mil pesos.
Al final, la presidenta municipal, afirmó que dicha deuda fue heredada por las administraciones municipales de Noé Peñaloza Hernández y Carlos Sánchez Romero – y que este ayuntamiento tiene cubrirlo por la irresponsabilidad de las autoridades que en su momento no cumplieron con las obligaciones fiscales, recurso que bien pudiera haberse ocupado para obra pública para las comunidades y apoyos a la ciudadanía.
