Tehuacán.- Problemas sociales y al medio ambiente son las principales secuelas que podría dejar el proyecto de la hidroeléctrica en la zona de la Sierra Negra que se anunció hace 10 años y en donde se informó de una inversión de aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos.
Pobladores de Zoquitlán y Coyomeapan se oponen a su ejecución en la zona de Atza Coyolapa debido a los daños que puede generar al ecosistema, aunque también algunos grupos están de acuerdo, debido a los intereses económicos que podrían generar.
Por su parte algunos activistas aseguran que se tiene que cancelar la concesión y los permisos de esta hidroeléctrica, sobre todo por los problemas que está generando, como el impacto social y los problemas ambientales.
Omar Esparza, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), indicó que los problemas han sido cada vez más notorios, sobre todo en temas como la polarización entre comunidades, cuando era una población fuertemente organizada.
Afirman que es una práctica que tienen este tipo de empresas a fin de ir debilitando a las comunidades, pues lo único que no permite que se ejecute este tipo de proyectos es la organización de la gente, sobre todo porque si es fuerte y consiente.
Aunado a ello, podría generar problemas al medio ambiente, como secar los ríos, dañar la flora y fauna, aunque precisó que en este momento no hay un cambio, pero si el río se desvía o se realiza una represa van a matar lo que por naturaleza tenía un cauce y generarán un impacto terrible.
Para muestra afirman que está la Sierra Norte en donde también existen este tipo de situaciones que han causado la muerte de ríos y su entorno.
Acusan también la modificación de la cultura, sobre todo en los patrones entre familias y vínculos comunitarios, al grado de generarse confrontaciones, enfrentamientos y asambleas divididas.
“La tensión que se vive entre comunidades es fuerte, ya que existen grupos que están defendiendo sus tierras y patrimonios, pues a la fecha hay 10 personas que se han visto afectados, al quitarles derechos en sus comunidades, debido a que el presidente municipal consintió el cambio de autoridades que violentaron también el procedimiento con la Secretaría de Gobernación”, indicó.
Pese a ello, los empresarios están reformulando el proyecto de la hidroeléctrica de modo que el anterior quede sin efecto, porque existe un amparo, sin embargo, al ser modificado no dejan de estar vigentes las concesiones, ya que están por 50 y hasta 100 años
Reiteró que los pueblos originarios han sido los más afectados, al ser perseguidos, golpeados e incluso asesinados, además de que se les han impuesto reformas que violentan todo el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos.
Finalmente dijo que el problema tiene 10 años, luego de que la empresa Minera Octlán por el tema de la agresividad con la que llegan a explotar los minerales que ellos sacan como ha sido en Cuetzalan, Hidalgo, además de que en el norte del país contaminaron unos ríos que era el abasto de muchas comunidades.
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