TETELA DE OCAMPO, Puebla.- La lucha indígena de este municipio para evitar los estragos ambientales que hubiera dejado el proyecto minero La Espejera, de Grupo Frisco, es un caso emblemático – a nivel nacional – en el que el derecho a la consulta indígena fue vulnerado, según se lee en la obra “La libre determinación de los pueblos indígenas en México. Experiencia y regulación”, en la que se expresa la necesidad de modificar las leyes extractivistas vigentes en nuestro país, donde el caso tetelense dejó precedente nacional.

El precedente poblano

Según expusieron Naayeli E. Ramírez Espinosa y Daniel Cerqueira, en esa publicación que tuvo la colaboración de Oxfam, Fundación para el Debido Proceso y el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR). En la página 26 de esta obra se hace referencia que en gran parte de los casos en los que se llevaron estas consultas indígenas y actividades no son vinculantes; además de que las solicitudes y opiniones de las comunidades no son tomadas en cuenta, lo que resulta – de manera práctica – en la pérdida de todo derecho sobre el territorio.

“Aunque también las actividades mineras son consideradas de utilidad pública, y son preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno (sin afectar las actividades por hidrocarburos), y únicamente gravables por la federación, la ley no establece expresamente dentro de su contenido el derecho a la consulta indígena ni a considerar los intereses y derechos de las comunidades al llevar a cabo proyectos mineros...

...Los estándares de las dos leyes discutidas son superiores a los que se establecen en la Ley Minera. Esta regulación ha sido fuente constante de violación del derecho a la libre determinación en territorios indígenas, entre los que figura el proyecto minero La Espejera de la Minería Frisco en Tetela de Ocampo, Puebla que comenzó a trabajar en la exploración sin informar a los miembros de las comunidades cercanas ni consultarlos como lo obligaba la autorización de SEMARNAT (oficio SGPA/DGIRA/DG/07048 del 1 de octubre de 2013), aun sabiendo que la actividad afectaría directamente los principales manantiales de la zona", se lee en la obra sobre este proyecto detenido desde 2015.

El contexto

Con un poco más de 25 millones de personas que se auto adscriben como indígenas, México es uno de los países con la mayor población indígena en América. A lo largo de la historia de este país, estas poblaciones han creado sus propios espacios políticos, normativos y sociales de acuerdo con sus posibilidades. Para lograr estos espacios, la población indígena ha actuado en el marco, al margen, y/o en clara oposición a la jurisdicción estatal, utilizando diversos recursos jurídicos y de negociación política, según Fundar.

Estas acciones y diversos instrumentos internacionales han inspirado el reconocimiento del Estado mexicano del derecho a la libre determinación como la piedra angular de los derechos colectivos indígenas. Sin embargo, el reconocimiento real y la implementación del referido derecho está lejos de alcanzarse, acusó lo difundido por esta organización.

Así, 14 estados, entre ellos la entidad poblana, también son señalados por no reconocer expresamente, en sus constituciones, el territorio indígena, esto a pesar de que la de la entidad poblana establece – expresamente – en sus textos constitucionales una asimilación de los derechos de los pueblos indígenas a políticas sociales y derechos sociales.

El documento está enfocado en identificar alimentaciones legales y precariedad normativa con la que se enfrentan las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, señalando muchos de los aciertos, así como las contradicciones que toman vida en un estado tan plural y diverso como México.

Aunque hubo experiencias que no les fue posible – a los autores y a las organizaciones impulsoras de esta obra – cubrir en un espacio tan reducido, entre ellos ejercicios de derecho a la libre determinación tanto de la ciudad de México, Sonora, Baja California y Veracruz, así como los proyectos de ejercicio de la autonomía que han logrado los pueblos Totonacas y Nahuas de Cuetzalan.

Demarcación en la que se crearon cooperativas que les han permitido controlar el precio de los productos esenciales para la población como el azúcar, la promoción del ahorro y la inversión por medio de sus cooperativas, así como para lograr mejorar las condiciones de comercio de algunos de sus productos, la miel de abeja melipona y sus artesanías.