Una veintena de policías municipales de Tulcingo de Valle optó por abandonar voluntariamente su trabajo desde el domingo pasado. Esto inmediatamente después de que el comandante de esa corporación, Maurilio N, fue asesinado y desmembrado, tras su presunta autoría en el asesinato de cuatro personas de esa demarcación.
Derivado de esta situación, la Policía Estatal y la Guardia Nacional (GN) acordaron desplazar a la policía municipal y asumieron el mando de la seguridad pública de esa demarcación.
Así, tras conocerse que el cuerpo del líder policial de Tulcingo de Valle fue encontrado el lunes pasado en bolsas al interior de un parque público, un total de 20 uniformados confirmó su salida de las filas de la policía municipal. Según se expuso en una cartulina colocada junto a los restos humanos, el responsable de ese asesinato fue una persona que se identificó a sí misma como “El Señor del Taco”.
Cabe recordar que, tal como dio a conocer esta casa editorial, Maurilio N fue presuntamente obligado a confesar en un video que la ejecución de cuatro personas originarias de esa demarcación, ocurrida el pasado 14 de noviembre, fue ordenada por él.
Durante el trienio político actual, que inició en 2021, la Policía Estatal ha intervenido en las tareas de seguridad pública en siete alcaldías, luego de que hechos violentos sobrepasaron las capacidades de las fuerzas municipales. Aunado a ello, y durante ese mismo periodo, los conteos oficiales han sumado 11 policías asesinados.
Intervención de la Policía Estatal en este trienio
De 2021 a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal movilizó sus elementos a siete municipios en los cuales fueron fracturadas las estructuras de mando de la policía.
El primero de ellos fue Tecamachalco. En noviembre de 2021, una persecución entre 12 agentes de la corporación municipal acribillaron a una tercia de gendarmes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se encontraban en esa alcaldía. Esto ocasionó que el edil Ignacio Mier Bañuelos pidiera públicamente la atención del gobierno estatal, luego de que el titular de Seguridad Ciudadana municipal, Alejandro Santizo, fue detenido por esos hechos.
Ya en 2022, particularmente en abril pasado, el ex director de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, Héctor García, fue emboscado por un grupo armado y terminó muerto junto con su esposa en un tramo de la carretera que une a ese municipio con Tecomatlán. Sus tres hijos sufrieron graves lesiones por el ataque.
En ese mismo lugar, pero al mes siguiente, la FGE acató las órdenes de aprehensión emitidas contra Arturo Cajica, quien se desempeñaba como alcalde.
Ambas situaciones provocaron que la Policía Estatal aumentara su presencia en el territorio, con el objetivo de asumir mayor responsabilidad sobre el cuidado de la población.
Igualmente en la Mixteca, en el municipio de Piaxtla, el edil de ese lugar, Miguel Maceda Carrera fue detenido en junio pasado debido a su posible colusión en el asesinato de un hombre, presuntamente a manos de uniformados locales. Esto ocasionó incertidumbre entre la población sobre las riendas de la seguridad pública, lo cual provocó que el gobierno de Puebla asumiera temporalmente el control de las fuerzas del orden locales.
Posteriormente, en septiembre pasado, el alcalde de Quimixtlán, Armando Pimentel Gómez, pidió licencia y abandonó su ayuntamiento, luego de que la FGE formulara cargos contra él por su participación en diversos ilícitos, entre ellos la colusión con criminales.
Un mes después, en Francisco Z. Mena fue asesinado el comandante de la policía municipal, Felipe Hernández, lo cual provocó que la corporación quedara acéfala.
Ya en noviembre, además de lo ocurrido en Tulcingo del Valle, en Chignahuapan, un grupo armado, presuntamente dedicado al robo de hidrocarburos en la Sierra Norte, emboscó y acribilló a policías estatales y municipales, ocasionando la muerte de dos uniformados locales.
Comandante asesinado en Tulcingo no pasó exámenes de control y confianza
Durante su habitual rueda de prensa de ayer, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que Maurilio N, el gendarme asesinado, comandó la Policía Municipal de Tulcingo de Valle sin siquiera haber cumplido con el requisito mínimo de acreditar su lealtad de servicio mediante la realización de las pruebas de control y confianza. Estos instrumentos son obligatorios para la contratación de funcionarios a cargo de la protección ciudadana.
“Quiero destacar que el director de la policía, el jefe policiaco asesinado, no tenía aprobado exámenes de control y confianza y, a pesar de eso, fue designado en el cargo. No voy a imputar a él nada, porque eso es parte de la investigación, pero el señor no tuvo porque estar en el cargo de jefe de la policía allá en Tulcingo del Valle”, expuso.
Por esa razón, y aunque no mencionó al edil de ese lugar, José Edgar García Ramírez, Barbosa Huerta señaló la responsabilidad que tienen los ayuntamientos de preservar el rigor y legalidad en la contratación de servidores públicos, particularmente los que poseen la responsabilidad de preservar la paz y aminorar la incidencia delictiva.
En ese tenor, refirió que ordenó a la Consejería Jurídica del gobierno estatal elaborar una iniciativa de reforma a las leyes orgánicas municipales que dictan los lineamientos para contratar al personal a cargo de la seguridad pública. Esta modificación obligaría a los ayuntamientos a verificar que en las filas de sus corporaciones policiales no existan perfiles vinculados al crimen o relacionados con prácticas irregulares.
“El jueves [voy a proponer] una reforma para obligar a los ayuntamientos a solamente contratar, para los elementos de la fuerza municipal, a las personas que no tengan vínculos públicos con actividades ilícitas o, desde luego, señalamientos en contra de ellos como presuntos delincuentes”, reveló.
Desaparecerá SSP agrupación de operaciones especiales
En otro orden de ideas, Barbosa Huerta adelantó que su administración perfila la desaparición de la Unidad Mixta de Reacción (UMIR), un brazo articulado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para atender tareas de inteligencia, esto debido a que entre sus filas atravesaron personajes asociados a la ilicitud.
“Vamos a desaparecer (...) del reglamento interior de la SSP a una dependencia dentro de la Policía Estatal que se llama UMIR. Ésta fue creada por el ex titular de la secretaría, Rogelio López Maya, pero ubicaba en ese lugar aún ex servidor público muy oscuro de apellido Gamboa”, subrayó.
El funcionario al que hizo alusión el mandatario fue Saúl Gamboa Condado, quien se desempeñaba como agente de mando en dicha corporación y sobre quien pesan diversos señalamientos de corrupción por parte de otros elementos policiacos.
Asimismo, Barbosa Huerta apuntó que otros integrantes de la UMIR incurrieron en actos delictivos, por lo cual consideró que la creación de esa agrupación fue un acto lamentable para la SSP.
“Se alojó a muchos policías que, finalmente, han sido identificados de prácticas ilegales. Le he pedido al consejero jurídico me haga esa reforma para desaparecer esa llamada UMIR, de lamentable paso por la seguridad pública del estado”, sostuvo.
Finalmente, cabe recordar que, de acuerdo con reportes periodísticos, integrantes de ese grupo de mando han abanderado señalamientos por irregularidades desde su creación hasta la fecha. Entre las prácticas más comunes figuran actos de secuestro, extorsión e implantación de pruebas fehacientes, entre otros.
