IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. - La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de once servidores públicos del municipio de Izúcar de Matamoros, por su presunta responsabilidad en encubrir la agresión a las periodistas Natalie y Michell Hoyos López mientras cubrían actividades del Día Internacional de la Mujer en el municipio.
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Los funcionarios implicados incluyen a Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M”, todos ellos policías municipales; Jesús “V”, quien se desempeñaba como Juez Calificador; Yeralda “V”, auxiliar jurídica de la Sindicatura; Luis “P”, asesor jurídico; Marco "E", director de Seguridad Pública Municipal; Santiago “M”, coordinador jurídico del municipio; y Omar “F”, síndico municipal.
Todos ellos han sido vinculados a proceso por el delito de falsedad de informes dados a la autoridad, ya que probablemente modificaron y falsearon los informes sobre la investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras, con la finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su detención.
Adicionalmente, se vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en contra de Jesús "V", quien ejercía el cargo de Juez Calificador, sin contar con el título de Licenciado en Derecho que exigía la normatividad correspondiente para ese cargo.
El incidente se remonta al 10 de marzo de 2023, cuando las hermanas Hoyos López fueron detenidas mientras cubrían actividades de la colectiva feminista Marea Púrpura en conmemoración del 8M. Según la denuncia presentada por las periodistas, fueron incomunicadas durante más de cinco horas, tiempo en el cual alegan haber sido sometidas a torturas y agresión sexual.
Natalie y Michell Hoyos López trabajan para el periódico Enlace de la Mixteca, conocido por sus notas críticas hacia la administración municipal liderada por la morenista Irene Olea Torres.
Finalmente, la dependencia informó que, para garantizar la presencia de las y los servidores públicos vinculados durante el proceso, así como la seguridad de las periodistas, a petición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juzgador impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, así como un plazo de investigación complementaria por dos meses.