Luego de que Sandra N., exencargada del Centro de Respuesta Inmediata de San Martín Texmelucan, y Marco Antonio N., director de gobierno del mismo municipio, fueran vinculados a proceso este jueves, tras casi 14 horas de audiencia, los defensores de los acusados interpondrán un recurso de apelación para intentar echar atrás la decisión del juez de control. Además de que tramitarán una queja por la probable filtración que la Fiscalía General del Estado hizo a medios nacionales de un video, el cual es parte del proceso penal, y por hacer perdidizo un documento entregado poco antes de que se diera inicio a la mencionada audiencia.
Tras escuchar los alegatos tanto del agente del Ministerio Público como de los defensores particulares de los imputados, el juez determinó que la investigación en contra de Sandra N. se diera como probable autora de delitos contra la procuración de justicia y probable partícipe de conspiración en su calidad de funcionaria, que hasta hace siete días tenía.
Lo anterior debido a que, según lo expuesto por el agente del Ministerio Público, la exencargada del DERI de San Martín Texmelucan no entregó de forma completa diez videos de las cámaras de seguridad, relacionados con el abandono y hallazgo de cuerpos desmembrados así como de la colocación de narcomantas firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Principalmente por los hechos ocurridos el 20 de abril de este año, sobre el Bulevar Jalisco, en pleno centro de Texmelucan.
Además de que habría ocultado la detención de tres sujetos, precisamente por colocar una narcomanta en un puente a la entrada del municipio y frente a bomberos el 19 de abril de este año, solo habría reportado la detención de tres personas por alterar el orden público y que, tras el pago de 81 pesos de multa y ocho más de un concepto que no precisó, obtuvieron su libertad. Ante tal situación y luego de explicar que Sandra, como servidora pública, tenía la responsabilidad de informar sobre la detención de los tres sujetos así como de lo captado por las cámaras de seguridad, el jurista la vinculó a proceso.
En tanto, a Marco Antonio N. se le inició la investigación como probable autor de obstaculizar la indagatoria de diversos hechos delictuosos, toda vez que, según el testimonio de un policía municipal, el exfuncionario ordenó de manera directa que al caso de los tres detenidos el 19 de abril por colocar una narcomanta se le diera tratamiento de falta administrativa.
Por lo anterior, incluso los sujetos obtuvieron su libertad tras el pago de 81 pesos de multa y ocho pesos más por un concepto que no se precisó.
Asimismo, el juez concedió un plazo de tres meses para que se dé por cerrada la etapa de la investigación complementaria, misma en la que tanto el Ministerio Público como la defensa pueden aportar pruebas.
Durante tal periodo los acusados deberán de estar recluidos en el penal de San Miguel, hasta que se defina su situación jurídica.
Nos obstante, los abogados de Sandra N. y Marco Antonio N. adelantaron que interpondrán un amparo en contra del auto de vinculación a proceso que se les dictó a sus clientes. A su vez, la defensa de Sandra indicó que también levantarán una denuncia en contra del agente del Ministerio Público por hacer perdidizo un documento que contenía evidencia relacionada al caso y el cual le fue entregado poco antes de que iniciara el acto jurídico celebrado en la Casa de Justicia Puebla.