/ jueves 12 de marzo de 2020

Este es el proceso para ampararse contra altas tarifas del agua en Puebla

En promedio, el proceso  dura tres meses

Los usuarios que busquen ampararse contra las altas tarifas del agua potable en el municipio de Puebla deberán acreditar que usan el servicio, si padecen alguna enfermedad y si se encuentran en situación de vulnerabilidad cuyo proceso dura en promedio tres meses, según el abogado de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro.

El litigante explicó el procedimiento que un ciudadano deberá seguir si quiere presentar un juicio de amparo, primero tendrá que presentar el estado de cuenta que acredite que es usuario del servicio que ofrece la concesionaria Agua de Puebla para Todos.

La segunda vía es bajar e imprimir de la página de internet el adeudo que se tenga con la empresa, aunque esto no garantiza que el estado de cuenta tenga la cantidad de la deuda, el consumo de metros cúbicos al mes, el tipo de servicio o el estrato económico.

Enseguida se tendrá que determinar cuántas personas viven en el domicilio, si son menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y verificar si los habitantes están en situación de vulnerabilidad, si están enfermas y el tipo de padecimiento que tienen. Para ello tendrán que demostrar la enfermedad con una receta o examen médico.

Después el usuario deberá informar si tiene un aparato de medición del agua, cuándo fue colocado, la marca y tomar fotografías al instrumento cada semana para ver cuántos metros cúbicos de agua consumió en ese periodo. Lo siguiente es aplicar el derecho comparado, es decir comparar los estados de cuenta del consumo de energía eléctrica con el de agua.

“Eso determina cuántas personas hay, cuánta energía consumen o que tanto tiempo están en su casa y eso es parte proporcional del consumo de agua de estas personas”, dijo Jiménez al explicar que los honorarios del abogado que lleve el juicio dependerán del asunto, aunque en algunos casos la Asamblea Social del Agua no cobra por hacer el trámite.

Si el usuario no tiene medidor y su pago es de cuota fija mensual o anual este no deberá ser mayor al 3 por ciento de su ingreso mensual, es decir que si una persona gana 4 mil pesos al mes y multiplicado por el 3 por ciento lo que deberá pagar por el servicio son 120 pesos.

JUEZ ORDENARÁ A AGUA DE PUEBLA O SOAPAP SUSPENDER COBRO

Con estos datos el abogado presentará el amparo en el Poder Judicial de la Federación en Ciudad Judicial, el cual aleatoriamente asignará el caso a un juzgado que normalmente es el Séptimo u Octavo de Distrito. Ahí se solicitará una audiencia incidental para que el juez ordene a Agua de Puebla o el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) que no cobre los servicios hasta que el juicio se resuelva.

Cuatro semanas después se realizará la audiencia constitucional donde se aportarán pruebas como la vulnerabilidad de la familia y la percepción económica. Otra estrategia es solicitar un peritaje al medidor y la tubería para verificar si existe alguna fuga que deberá reparar la concesionaria. Otro peritaje es el que aplica el Sistema DIF Estatal que consiste en un estudio socioeconómico al usuario y determina la cantidad que tiene que pagar por el agua.

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Los usuarios que busquen ampararse contra las altas tarifas del agua potable en el municipio de Puebla deberán acreditar que usan el servicio, si padecen alguna enfermedad y si se encuentran en situación de vulnerabilidad cuyo proceso dura en promedio tres meses, según el abogado de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro.

El litigante explicó el procedimiento que un ciudadano deberá seguir si quiere presentar un juicio de amparo, primero tendrá que presentar el estado de cuenta que acredite que es usuario del servicio que ofrece la concesionaria Agua de Puebla para Todos.

La segunda vía es bajar e imprimir de la página de internet el adeudo que se tenga con la empresa, aunque esto no garantiza que el estado de cuenta tenga la cantidad de la deuda, el consumo de metros cúbicos al mes, el tipo de servicio o el estrato económico.

Enseguida se tendrá que determinar cuántas personas viven en el domicilio, si son menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y verificar si los habitantes están en situación de vulnerabilidad, si están enfermas y el tipo de padecimiento que tienen. Para ello tendrán que demostrar la enfermedad con una receta o examen médico.

Después el usuario deberá informar si tiene un aparato de medición del agua, cuándo fue colocado, la marca y tomar fotografías al instrumento cada semana para ver cuántos metros cúbicos de agua consumió en ese periodo. Lo siguiente es aplicar el derecho comparado, es decir comparar los estados de cuenta del consumo de energía eléctrica con el de agua.

“Eso determina cuántas personas hay, cuánta energía consumen o que tanto tiempo están en su casa y eso es parte proporcional del consumo de agua de estas personas”, dijo Jiménez al explicar que los honorarios del abogado que lleve el juicio dependerán del asunto, aunque en algunos casos la Asamblea Social del Agua no cobra por hacer el trámite.

Si el usuario no tiene medidor y su pago es de cuota fija mensual o anual este no deberá ser mayor al 3 por ciento de su ingreso mensual, es decir que si una persona gana 4 mil pesos al mes y multiplicado por el 3 por ciento lo que deberá pagar por el servicio son 120 pesos.

JUEZ ORDENARÁ A AGUA DE PUEBLA O SOAPAP SUSPENDER COBRO

Con estos datos el abogado presentará el amparo en el Poder Judicial de la Federación en Ciudad Judicial, el cual aleatoriamente asignará el caso a un juzgado que normalmente es el Séptimo u Octavo de Distrito. Ahí se solicitará una audiencia incidental para que el juez ordene a Agua de Puebla o el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) que no cobre los servicios hasta que el juicio se resuelva.

Cuatro semanas después se realizará la audiencia constitucional donde se aportarán pruebas como la vulnerabilidad de la familia y la percepción económica. Otra estrategia es solicitar un peritaje al medidor y la tubería para verificar si existe alguna fuga que deberá reparar la concesionaria. Otro peritaje es el que aplica el Sistema DIF Estatal que consiste en un estudio socioeconómico al usuario y determina la cantidad que tiene que pagar por el agua.

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