El exsecretario de Medio Ambiente en la gestión estatal de Mario Marín, Francisco Castillo Montemayor, aseveró que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal determinó que la juez de control Beth Irma Pérez revise la resolución sobre los posibles responsables de su detención infundada durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. Y en todo caso se sancione a los involucrados.
Durante conferencia de prensa explicó que promovió un amparo en septiembre de 2022 en contra del resolutivo a su denuncia del año 2020, la cual fue que no se encontró a ningún responsable por su privación de la libertad. Por lo que el Juez Segundo de Distrito, en el amparo 869/2022 concedió el amparo y protección de la justicia federal, ya que coincidió con la parte quejosa en que la determinación reclamada es violatoria de sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.
Expuso que este amparo dejó sin efecto la resolución de la juez y le ordenó analizar la determinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de no investigar este delito del cual fue víctima, para resolver con base en su criterio (libertad de jurisdicción). Además de remitir las constancias a la fiscalía federal par investigar los posibles actos de tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes que sufrió el quejoso.
Castillo Montemayor recordó que fue detenido en el 2016 y pasó 14 meses privado de la libertad, posteriormente en el 2020 presentó una denuncia penal en contra de Jorge Dustano Reyes Santos, ex contralor estatal, el ex subcontralor Eugenio Mora Salgado, Francisco Eduardo Dueñas Zambrano, el ex secretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, así como el ex fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget.
Además del agente del Ministerio Público, Roberto Armando Meneses Bonifaz, la jueza Idalia Arciniega Arias, Leonardo Jiménez Burgos y el ex presidente del Poder Judicial del estado de Puebla, Roberto Flores Toledano, pues fueron los implicados en su encarcelamiento.
Dejó en claro que en su caso hubo abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, así como tráfico de influencias.
Ante esto, llamó a que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina tome cartas en el asunto y se haga un cambio en la impartición de justicia, ya que en cualquier momento algún ciudadano puede ser perseguido y acusado de delitos que no cometió.
