La Comisión Inspectora del Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas de los expresidentes municipales de Coronango y Xayacatlán de Bravo, al concluir que no son administrativamente responsables de dañar la hacienda pública.
En sesión virtual de este viernes, los diputados aprobaron 49 proyectos de resolución de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades a substanciarse por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Uno de estos es el procedimiento iniciado en contra del ex alcalde de Coronango, Pedro Azucena Amastal, de quien se determinó que no es administrativamente responsable, por lo que su cuenta pública de 2008 fue aprobada.
Otro procedimiento es el que la ASE abrió en contra del ex presidente municipal de Xayacatlán de Bravo, Martín Matías Martínez, quien no es administrativamente responsable, por lo que su cuenta pública de 2011 también fue avalada.
Los 49 asuntos fueron heredados por la administración de David Villanueva Lomelí. Algunos que se iniciaron desde 2008 y no habían sido substanciados y resueltos, sino hasta ahora en la gestión de Francisco Romero Serrano.
La presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, explicó que en cada uno de estos casos las unidades administrativas de la ASE determinaron que se encontraban prescritas las facultades de sancionar las conductas detectadas y observadas respeto a las 49 entidades fiscalizadas.
Por tanto, en la gran mayoría de resoluciones se declaró la prescripción para la imposición de sanciones administrativas, dentro del procedimiento respectivo.
En aquellos casos en los que la Auditoría no advirtió que persistían las observaciones que formularon en su momento, propuso que el sujeto no es administrativamente responsable y por tanto se aprueba la cuenta pública, lo que ocurrió con los ex alcaldes de Coronango y Xayacatlán de Bravo.
Sin embargo, en los casos que prevalecían las observaciones formuladas, cuando se trató de deficiencias administrativas que no provocaron un daño a la hacienda pública, el órgano de fiscalización propuso que procede la prescripción.
Donde sí detectó un daño patrimonial, la ASE procederá, en su caso, a presentar la denuncia ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable.
Olga Lucía Romero agregó que si bien la ASE ya no puede sancionar a las entidades fiscalizadas, dijo que la Fiscalía General del Estado deberá determinar si de las denuncias que presente se advierte que las conductas constituyeron algún delito en materia de corrupción y de ser así los persiga conforme a la ley.
APRUEBAN INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE BARBOSA
Por otra parte, la Comisión Inspectora aprobó el informe individual de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019 del Poder Ejecutivo estatal. Ese año, del 21 de enero al 31 de julio, Guillermo Pacheco Pulido fue gobernador interno y el 1 de agosto Luis Miguel Barbosa asumió el cargo constitucional.
Los dictámenes aprobados este viernes fueron enviados al pleno del Congreso del Estado para su discusión y aprobación final en la sesión del 6 de julio.