A un año de la explosión provocada por una ordeña en ductos de gas LP, en San Pablo Xochimehuacan, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, exhortó a la población a denunciar ante cualquier sospecha de robo de combustible y a las autoridades federales a intervenir para frenar este delito.
El edil indicó que el gobierno municipal ha cumplido con notificar a los dueños de viviendas o predios que están ubicados en zonas de riesgo, por su cercanía con las instalaciones de Pemex, principalmente en el norte de la ciudad, sin embargo, se mantiene pendiente de cualquier reporte de la ciudadanía para canalizarlo e intervenir coordinadamente con la autoridad federal.
“La manera más importante para evitar este tipo de delitos es que nos lo mencionen, nos lo reporten, independientemente de que son competencia del ámbito federal, la policía municipal y el gobierno municipal está atento y abierto para que ante cualquier sospecha de cualquier ordeña, en cualquier terreno en el norte de la ciudad, inmediatamente sea reportado y podamos actuar con el ejército mexicano, con las autoridades del ámbito federal y evitar este tipo de tragedias”, acentuó.
Rivera sostuvo que el norte de la capital es el que registra mayores condiciones de riesgo debido a que el crecimiento de la mancha urbana se dio de forma desordenada en los últimos años, motivo por el que es necesaria la intervención de Pemex y el ejército mexicano para que hagan todo lo necesario y eviten la ordeña de ductos.
“Hay que recordar que la situación de la explosión fue causada lamentablemente por el robo del huachicol, como lo conocemos, y hay que decirlo, que en la zona norte del municipio de Puebla se encuentran muchas colonias en una zona de riesgo, esto producto, hay que decirlo también, del desarrollo de la mancha urbana de la ciudad y que, desafortunadamente, durante el transcurso de muchos años ha sucedido”, agregó.
Habrá diálogo para retiro de casetas
En otro orden de ideas, el presidente municipal informó que continuarán las acciones para regular las casetas instaladas en vía pública y, en aquellos casos en donde deban ser retiradas, deberá haber acuerdos con los voceadores para tal fin.
“La indicación puntual que se le ha dado a la Secretaría de Gobernación es que el retiro tiene que ser en común acuerdo y diálogo con los voceadores y si se van a retirar tres tendrá que ser en acuerdo con ellos, hay algunos que aceptaron su reubicación y hay algunos que si, las mismas casetas necesitan mantenimiento, que se encuentran en pésimas condiciones”, dijo.
Rivera señaló que hay diversidad de giros comerciales en las casetas y que estas se han convertido en un problema en determinadas unidades habitacionales donde invaden la vía pública, motivo por el cual se debe seguir poniendo orden, para mejorar la movilidad.
