En los últimos cinco años, de enero de 2019 a febrero de 2024, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió 125 expedientes por la extracción ilegal de pozos de agua en Puebla. De estos, únicamente 48 derivaron en una sanción, reveló el organismo a través de la solicitud de información 3300099424001006, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
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El bajo número de sanciones por este delito, que afecta severamente la disponibilidad de agua en el estado, refleja la debilidad institucional de Conagua, así como la impunidad con la que operan estos pozos, pese al conocimiento que tienen las autoridades sobre ellos, apuntan especialistas en Puebla.
Aura Elena Moreno Guzmán, especialista en cambio climático hídrico y académica del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, advierte que la falta de sanciones por la perforación de pozos y la inevitable extracción ilegal de agua deriva en consecuencias a nivel ambiental, social y económico, agravadas por el contexto de estrés hídrico que atañe al territorio.
En tanto, María Eugenia Ochoa García, activista por la defensa del agua e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), asegura que, incluso, los datos otorgados por Conagua son un subregistro de la realidad en el estado, ya que muchos casos ni siquiera son tomados en cuenta por el organismo.
Solo el 39% de casos son sancionados
De acuerdo con la información otorgada a través de la solicitud de información consultada por este diario, solo el 39 por ciento de los casos por perforaciones ilegales de pozos en Puebla derivaron en una sanción, sin embargo, no especificó en qué consistieron dichas multas.
Tan solo en los dos primeros meses de este 2024 Conagua abrió siete expedientes por estas perforaciones. Asimismo, y de acuerdo con su registro, el 2020 fue el año con mayor número de casos por este delito, con un total de 30, seguido por el 2021 con 28, 2022 con 23, 2019 con 21, y finalmente 2023 con 16.
Cabe mencionar que, la Conagua afirma que de los 125 reportes que recibió durante el mismo periodo, el total fue clausurado, no obstante, no reveló que sucedió una vez que se resolvió el expediente con aquellos casos que no derivaron en sanciones, 77.
En el mismo documento, señaló que, durante los últimos cinco años, la Conagua no realizó ningún avistamiento de pozos profundos perforados de manera ilegal en Puebla.
Ignorar agrava el problema
Moreno alerta que, ignorar este delito al no aplicar sanciones, no solo es sinónimo de impunidad, sino que existe el riesgo de que cada vez más personas cometan este acto, lo que deriva en severas afectaciones ambientales, sociales y económicas.
En el tema ambiental, la perforación y uso desmedido de pozos puede generar socavones en el suelo, porque hay zonas que pueden hundirse por la falta de agua. Además, Conagua carece de estudios de los suelos que están debilitados por el consumo ilícito del vital líquido en Puebla, acusa.
Asimismo, la extracción irregular no permite la recarga de los mantos acuíferos, lo que agravará en poco tiempo la disponibilidad de agua potable, ya que se generará una sequía generalizada e irreversible en el estado.
“Desafortunadamente esa extracción se da por empresas piperas o de otros ámbitos que no paran la extracción, se están generando problemas más complejos que se agudizan ante el aumento de temperatura, no hay límites”, opina.
En el ámbito económico, este delito impacta directamente en los hogares, toda vez que la mayoría de estos pozos ilícitos son operados por empresas que se dedican a la venta de agua por pipas, y que, terminan por abastecer a las familias a las que no les llega el agua por la sobreexplotación de la misma fuente.
En este rubro, Ochoa estima que, tan solo en la ciudad de Puebla, la ciudadanía gasta 12 veces más en el servicio de pipas y agua embotellada que en la concesión del vital líquido, pues la falta de abastecimiento regular las orilla a favorecer dicho sistema.
En tanto, en las afectaciones a nivel social, las académicas coinciden en que la impunidad de los casos desmotiva a las y los ciudadanos que se atreven a alzar la voz y que, en su mayoría, son los únicos que hacen llegar dichos reportes a Conagua, sin su aportación el problema pasaría desapercibido para el Estado.
Además, atreverse a cuidar el agua, especialmente en comunidades, es un reto en el que la población arriesga su propio bienestar, pues durante el proceso son violentados, ignorados o, incluso, amenazados de muerte por defender su territorio, alerta Ochoa.
Ciudadanía por la defensa del agua
Es la ciudadanía la que aboga por la defensa del agua y el cese de perforaciones de pozos. El caso más reciente es el de la comunidad de San Miguel Xoxtla, la cual evidenció a inicios de este mes que la empresa de transporte Castores, ubicada sobre la carretera federal Puebla-México, excavó un pozo de agua en el que pretendían extraer miles de litros de agua por segundo.
Poco después, gracias al movimiento de la comunidad, Conagua reveló que dicha empresa no contaba con el permiso para esta excavación y la clausuró, sin embargo, hasta el momento no ha informado sobre la sanción correspondiente para dicha empresa.
El temor de quienes se atreven a denunciar estos actos es que la clausura de estos pozos solo sean una simulación. Tal es el caso de un pozo situado en la junta auxiliar de San Andrés Cholula, San Antonio Cacalotepec, el cual fue perforado supuestamente por un inversionista de origen árabe en mayo de 2023 y el cual, a pesar de ser clausurado por Conagua, continúa operando en total impunidad, según acusa la agrupación Cholultecas Unidos en Resistencia.
Tan solo en este último municipio, y de acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) existen 172 pozos profundos registrados en este territorio, de los cuales se extraen 19 mil 419 millones de litros de agua al año. Esta cifra puede ser optimista por la realidad, pues la misma agrupación ha contabilizado diversos pozos que, pese a ser denunciados, continúan trabajando para abastecer los complejos residenciales que ahí se construyen.
No es sequía, es saqueo
Este problema tiene su origen en que el agua potable no es vista como un ciclo de vida, sino como una mercancía, por eso cada vez más actores, de forma arbitraria, excavan estos pozos con fines económicos, sin importar las consecuencias que esto conlleva, explica Ochoa.
Con estimaciones del año 2023 por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), perteneciente a la BUAP, el acuífero del Valle de Puebla tiene una disponibilidad de siete años.
Por lo anterior, la excavación ilegal de pozos tiene una estrecha relación con la disponibilidad de agua, entre mayor impunidad, menor abastecimiento, alerta la activista.
“Siempre ha existido un subregistro, desde la BUAP y otras universidades se plantea el tema de que Conagua no tiene la cantidad real de pozos que existen y solo estudia los casos que le llegan, hay una debilidad institucional porque, para empezar, no tienen el número de supervisores suficientes como para dar seguimiento a todo esto”, insiste.
Mientras Conagua carezca de herramientas y personal suficiente para atender este tema, continuarán los demás conflictos, pues la perforación ilegal de pozos es uno de los tantos problemas que se deben atender con urgencia y que se desprenden de la debilidad de esta institución, señala.
La regulación de las fuentes que abastecen las pipas de agua, los costos y la calidad que estos ofrecen a las familias, así como el reconocimiento a los comités comunitarios que defienden el agua y el territorio, son el primer paso para frenar este delito, finaliza.
