A casi dos años del linchamiento de Ricardo N. y Alberto N. ocurrido el 29 de agosto de 2018 en el municipio de Acatlán de Osorio, familiares de las víctimas reclaman a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, una fuerte indemnización por su responsabilidad en no realizar una investigación efectiva para el esclarecimiento de los hechos.
En el escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, al que accedió El Sol de Puebla, y que fue recibido el 13 de julio por la oficialía de partes de la Fiscalía, la esposa y la madre de las víctimas –que eran tío y sobrino–, demandaron el pago argumentando que la FGE no se ajustó a los estándares internacionales “al deber de investigar con la debida diligencia la muerte violenta” de los dos hombres a manos de un grupo de pobladores.
Respaldadas por su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, los familiares señalaron que el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, y el fiscal de Investigación Regional, Jaime Huerta Ramos, tienen la obligación constitucional de adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en la investigación en violaciones graves a derechos humanos, por lo que los responsabilizaron de violentar su derecho al acceso a la justicia al no explorar todas las líneas de investigación posibles para determinar la verdad histórica del linchamiento.
En la demanda mencionan que la actividad administrativa irregular de la Fiscalía de Puebla recae en no investigar con la debida diligencia para establecer responsabilidades y sanciones a los servidores públicos de alto nivel, mandos medios, periodistas, personas que transmitieron en Facebook el homicidio calificado y a las personas que ejecutaron el dominio material del hecho, de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de la conducta.
A través de su abogado, los deudos solicitaron audiencia de control judicial ante el Juez de control por omisiones del Ministerio Público para que realizara los actos de investigación.
El documento señala que la Fiscalía de Puebla no ha ejecutado las órdenes de aprehensión en contra de ocho personas; no se identificaron a todos los testigos para obtener su entrevista con relación a la muerte que se investiga, “máxime que las entrevistas recabadas a los policías municipales se encuentran manipuladas por parte del Ministerio Público”.
Refiere que se pidió de manera incorrecta la entrega de datos conservados y la intervención de comunicación privada al Juez de Control, adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicación.
Ricardo N. y Alberto N. fueron linchados luego de que corrió el rumor de que eran robachicos, aunque realmente fueron detenidos por consumir bebidas alcohólicas y “escandalizar” en la vía pública. Una turba de pobladores los sacó de la comandancia municipal para golpearlos y quemarlos vivos, hechos que fueron transmitidos en Facebook.
