Poco se habla de los impactos que un feminicidio provoca en la familia de las víctimas. No solo se trata de un daño emocional, sino también de una ruptura social que impide llevar una vida normal, aunado al enfrentamiento desgastante que deben vivir con una autoridad que se volvió cómplice de la violencia feminicida.
Esto compartieron Patricia Becerril, madre de Zyanya Estefania; e Ingrid Aguirre, madre de Ingrid Aremis, ambas hijas fueron víctimas de este delito en Puebla. En un conversatorio realizado en la Universidad Iberoamericana Puebla, las madres señalaron que la violencia en contra de las víctimas no se queda en el delito, va más allá.
“El mundo no cambia, pero su ausencia representa una lucha. El impacto más grande es la pérdida, pero otro de los más grandes en la búsqueda de justicia es la impunidad, lamentablemente tiene índices de impunidad muy altos”, acusó Ingrid.
Las autoridades no actúan con seriedad en estos delitos, por el contrario, ejercen graves violaciones a los derechos humanos, ya que no investigan con perspectiva de género y con los antecedentes de la víctima, tampoco hay una firme voluntad por otorgar sentencias a los presuntos culpables, señalaron las madres.
“Ante esta impunidad los índices de violencia institucional crece, el desinterés y la falta de capacitación por parte de los involucrados en los organismos de procuración de justicia crean graves impactos en las familias”, precisó Patricia.
Ante este escenario expuesto por las víctimas indirectas de feminicidio, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero, hizo un llamado al Estado a analizar la violencia sistemática que ejerce en contra de estas familias.
Refirió que la impunidad y la omisión en estos delitos se traducen en expresiones de violencia que no sólo resultan dolorosas, sino también preocupantes, pues no están haciendo frente a sus obligaciones.
