La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no cuenta con un protocolo especializado para tomar los testimonios de niñas, niños y adolescentes en casos de denuncia o cuando una orden judicial lo requiere. Esta carencia, según madres activistas, vulnera los derechos de los menores y los revictimiza. La ausencia de procedimientos claros y adecuados expone a las infancias a un sistema judicial que no está preparado para garantizar su bienestar emocional ni psicológico.
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La propia Fiscalía confirmó, a través de la solicitud de información 210421524000876, que no dispone de un protocolo especializado para el "desahogo de la prueba testimonial" a menores. No obstante, el organismo señaló que los agentes del Ministerio Público encargados de estos casos se basan en dos protocolos:
El Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Modelo Especializado para la toma de Declaraciones Infantiles, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública federal en colaboración con la Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Ambos protocolos establecen lineamientos para la investigación de casos que involucren a menores. Sin embargo, activistas y madres que han vivido este proceso, señalan que son pocos los servidores públicos que realmente aplican los lineamientos y criticaron que la Fiscalía no cuente con su propio protocolo, adecuado a las particularidades de Puebla.
Para Sheridan Mata, líder del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, la ausencia de un protocolo oficial expone a los menores a situaciones que pueden generarles un trauma adicional. Muchos son obligados a declarar en condiciones inadecuadas y sin la presencia de profesionales capacitados para manejar su vulnerabilidad.
“Los que atienden a los menores son los mismos que hacen las periciales a los adultos. Obviamente no hay perspectiva de infancia y los revictimizan mucho. Mis dos hijas pasaron por este proceso y mi sugerencia es que lo hagan con psicólogos infantiles, que tengan formación en violencia y perspectiva de género e infancia. No es lo mismo hacerle pruebas a un adulto que a un niño o niña”, explicó Mata.
Por su parte, Gabriela Rosas, de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, señaló que los trabajadores de la FGE, vulneran los derechos de las infancias y las someten a procedimientos emocionalmente desgastantes que afectan su desarrollo.
Según Rosas, la falta de un protocolo especializado refleja una grave insensibilidad de las autoridades al no garantizar que las voces de los menores sean escuchadas de manera segura y sin causarles daño.
“Como colectiva, y dada nuestra experiencia directa con la Fiscalía, podemos decir que definitivamente no hay perspectiva de infancia ni adolescencia. Aunque se basan en otros protocolos existentes, al momento de interpretarlos y aplicarlos, observamos que no solo se minimiza o invalida la voz de los menores, sino que se les revictimiza, aplicando peritajes más veces de lo recomendado, sin personal especializado en psicología o espacios adecuados para atenderles, y sin informarles plenamente sobre sus derechos”, lamentó.
Además, aseguró que la FGE separa el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia del protocolo para juzgar con perspectiva de género, cuando ambos deben aplicarse de manera conjunta. En su opinión, la Fiscalía requiere contar con espacios adecuados, reducir los tiempos de espera, grabar las entrevistas y procurar recabar la información necesaria en el mínimo número de entrevistas.
Tanto Mata como Rosas, coincidieron en que el riesgo de revictimización aumenta en casos de violencia familiar, abuso sexual o delitos graves, donde el testimonio de los menores es clave para esclarecer los hechos. Sin embargo, sin un protocolo adecuado, los menores podrían verse obligados a declarar frente al agresor o en condiciones que los expongan a un mayor sufrimiento emocional.
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