Hasta el 13 de noviembre había dos rutas para desprivatizar el servicio de agua potable en la capital poblana: que Agua de Puebla rescindiera su contrato o pagar a la empresa una multa de siete mil millones de pesos por concluir el título de concesión. Hoy, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, puso sobre la mesa otra vía: continuar con el servicio, pero con un convenio modificatorio.
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Es decir, la empresa podría continuar con la concesión del servicio en el municipio hasta el año que marca su contrato, 2044. Esto dejó entrever el morenista en rueda de prensa, donde detalló que, tras reunirse con los directivos de la empresa, los abogados que lo asesoran le explicaron que las primeras dos opciones no son viables.
La primera opción, que Agua de Puebla rescinda de su contrato, es casi imposible. La empresa no se quiere ir. La segunda, que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) retire el título de concesión y pague la multa millonaria es aún más difícil.
¿Por qué? Armenta reveló esta mañana que SOAPAP ya tiene una deuda con el gobierno estatal, de la cual no dijo el monto. Dicho de otra manera: si el organismo no ha podido cubrir su deuda con la actual administración, ¿cómo podría pagar la multa por terminar el contrato con Agua de Puebla? Es imposible.
Eso ha planteado Armenta e inmediatamente dijo: “Ya tuve un primer encuentro con ellos (Agua de Puebla), y estoy analizando con mucho sigilo, estoy analizando que haya un acuerdo para revisar, para hacer una agenda, revisar los compromisos, hay una deuda con SOAPAP que hay que tenemos que revisar”.
Ahora, el gobernador electo ha priorizado la tercera opción: que Agua de Puebla continúe, pero que mejore su servicio en la capital.
“Lo que menos haremos es afectar a las y los poblanos, no se trata de tomar una decisión por capricho, o solamente por una opinión, es muy importante analizar qué decisión se va a tomar para no afectar a la población”, insistió.
De tomar la tercera opción, no quiere decir que se ignoren las quejas ciudadanas, retomó Armenta, pues argumentó que la prioridad de su gobierno es el aprovechamiento de los recursos naturales de manera racional, en este caso del agua.
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