En septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó el primer protocolo de investigación de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos a nivel estatal, archivado bajo el nombre de P/001/2022. Sin embargo, su planeación se hizo en una oficina a puerta cerrada, excluyendo las opiniones, vivencias y sentires de aquellos grupos que idealmente busca atender.
Aunado a ello, desde su emisión a la fecha no se ha hecho un sólo acto de socialización ni difusión sobre el mismo, lo cual sólo acentúa la brecha de accesibilidad a la justicia, advierten activistas, líderes sociales y comunicadores, quienes, además, denuncian que la falta de interés institucional por incluirles en este tipo de procesos supone actos de opacidad, lo cual no sólo genera dudas sobre su aplicación, sino que también pone en duda la legitimidad del protocolo.
Para la oficina en México y Centroamérica de la organización internacional para la protección y vigilancia de los derechos de periodistas, Artículo 19, la omisión de la fiscalía poblana no pasó desapercibida.
Luis Knapp Moreno es coordinador de Defensa de dicha organización y también es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En entrevista con El Sol de Puebla, el activista expone su preocupación ante la falta de consenso, además del desdén con el que la autoridad ministerial decidió implementar dicho protocolo.
“La Fiscalía no es la protagonista, los protagonistas acá son las víctimas, los periodistas y las personas defensoras que trabajan día a día bajo riesgo, o que han sido ya víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos, ellos son los protagonistas, no las autoridades (...) La Fiscalía omitió esta cuestión [y] es lamentable, [pues] debe abrirse a la participación e incluir a las voces de la sociedad”, sostiene.
Tal como dio a conocer esta casa editorial, el documento fue promulgado el 21 de septiembre por el fiscal Gilberto Higuera Bernal. De forma general, estos lineamientos precisan cuáles son las condiciones con las que la autoridad debe iniciar una indagatoria, los criterios que debe asumir el personal, así como los mecanismos de protección que pueden ser asignados en aquellos casos en los que la integridad de las personas esté comprometida.
Si bien, el documento no es violatorio de derechos per se, su falta de socialización y su compleja redacción jurídica se interponen como obstáculos para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan comprender la utilidad del protocolo, ya que la autoridad asume que los interesados cuentan con conocimientos amplios sobre el marco legal aplicable.
Entre sus principales deficiencias se encuentra la forma en que fue escrito –en un estricto sentido jurídico y engorroso–, señala, por su parte, Cinthya Ramírez Rodríguez, vocera de la organización REDefine Puebla, que brinda acompañamiento y asesoría jurídica a mujeres y diversas activistas en todo el estado.
“El lenguaje no es entendible para todas las personas. Al final, no es un documento para las mismas personas expertas de la Fiscalía, sino para quienes lo requieran: periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos que no siempre tienen esta visión académica (...) No está mencionado coloquialmente, sino a través de estos términos jurídicos [y] desde un ámbito legal, no desde algo que sea entendible”, subraya.
Añade que, en este tipo de acciones tan sensibles como la indagación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, el hecho de recabar las vivencias de quienes han enfrentado este tipo de violencias es fundamental para evitar equivocaciones y rezagos. Además, indica que los ejercicios de participación activa permiten retroalimentar la información y garantizar un mejor cumplimiento de los estatutos.
“Nos quedan muchísimas preguntas y, justamente, este es el error de hacer protocolos sin consultarle a las personas a las cuales les atraviesan estas situaciones, lo cual es sumamente grave”, opina.
Para conocer el posicionamiento concreto de la FGE, acerca de si se tomaron en cuenta o no las opiniones de organizaciones civiles, así como de periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante la elaboración del protocolo, esta casa editorial consultó al respecto al área de comunicación social de la institución, tres veces, sin embargo, aunque existió la promesa de una respuesta la misma nunca fue proveída.
Legitimidad en riesgo
“Todos los actos de autoridades pueden ser legales, pero no legítimos. Ahí hay una diferencia importante. Digamos que el protocolo de la Fiscalía pues es un acto legal (...) pues en este caso se vuelve en un instrumento legal, jurídicamente, pero no adquiere legitimidad ante la sociedad ni ante las personas, porque precisamente no se abrió a la participación. Las autoridades deben ver a la sociedad en términos de colaboración”, remarca el activista Knapp Moreno.
Y es que, cuando se omite la participación de los grupos cuyas condiciones de protección pretenden ser mejoradas, el riesgo de que el protocolo pierda legitimidad ante la sociedad aumenta. Esto debido a que se constituye más bien como una práctica “paternalista”, pues, en este caso, es la FGE la que indica, de forma unilateral, qué es lo “más conveniente” para las personas, sin necesidad de “estar en sus zapatos”, comenta el abogado.
“Las fiscalías son muy herméticas, muy cerradas a la sociedad, y eso deben cambiarlo. Deben cambiar esa actitud porque la participación de las personas y de las víctimas en este país es muy importante”, acusa.
Esto es importante debido a que dicho protocolo impacta de forma directa en el desempeño profesional de todas las personas dedicadas a los medios informativos en la entidad. Cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó, durante el primer trimestre de 2022, un total de 2 mil 368 periodistas y redactores en Puebla.
Por lo tanto, la activista y líder social, Cynthia Ramírez, coincide con el coordinador de Defensa de Artículo 19, pues, señala que, con base en la experiencia, este tipo de omisiones sólo derivan en que los estatutos se conviertan en “letra muerta”.
“Generar este protocolo sin antes consultar a las personas a las cuales nos puede llegar a atravesar o afectar, simplemente sigue siendo letra muerta. Ellos [asumen] qué es lo mejor para nosotros, pero al final se sigue creyendo en este sentido paternalista, sin escuchar las necesidades que se tienen (...) Hay muchísimo que cuestionar y, al final, es condenable, reprobable, pues se necesitaba escuchar a las personas defensoras y a los periodistas para así tener una visión amplia”, refiere.
Por lo tanto, hace hincapié en que la autoridad ministerial debe, a partir de este momento, repensar de forma genuina sus estrategias de socialización, dado que Puebla es un territorio que no es ajeno a los ataques a la libertad de expresión.
Según datos de Artículo 19, durante el primer semestre de 2022 se reportaron 16 agresiones cometidas contra periodistas en la entidad.
Estigmatización y agravio contra el gremio
La situación de violencia que enfrentan los comunicadores en México se agudiza cada vez más, especialmente debido a que, desde las esferas del poder público y político, tal como lo hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dicta, desde múltiples ámbitos, una narrativa que desdora y coloca a quienes se dedican al periodismo como actores antagónicos de las libertades, advierte Knapp Moreno.
“El Estado mexicano no adopta un discurso favorable para las personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Aquí es todo lo contrario, actualmente estamos ante autoridades que se ponen a insultar y a denostar a periodistas y a personas defensoras sólo porque pues no les gusta la crítica y sólo quieren recibir cosas favorables, entonces empiezan a denostar… Y esto empieza desde Palacio Nacional, cada mañana”, indica
Al respecto, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, docente de la Universidad Iberoamericana Puebla y vocero del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de esa misma institución, comparte en entrevista que la descalificación proveniente de los actores políticos, como es el mismo titular del Ejecutivo federal, genera un fenómeno conocido como “efecto cascada”.
Esto quiere decir que, los ataques verbales generados por una figura pública, de autoridad, o bien, de un líder social, tiene notables repercusiones sobre la idiosincrasia de un pueblo.
“Tenemos agentes particulares que hacen agresiones, sobre todo de índole físico, pero también tenemos una agresión que se está dando a nivel país, en esta parte donde hay una réplica de una estigmatización o descalificación en la propia prensa desde el poder público”, subraya el docente.
En 2021, según documentó Artículo 19 a través de su informe “Negación”, ocurrieron por lo menos 46 eventos en los que personas con una posición de influencia mediática utilizaron los términos “fifís”, “chayoteros” y “vendidos”, tal como lo ha hecho López Obrador para referirse a determinados periodistas, principalmente los que se contraponen al oficialismo.
En ese tenor, Puebla se situó entre las siete primeras entidades con mayor incidencia de estas prácticas de desacreditación pública a medios de comunicación.
Activistas temen ineficacia y revictimización
Pese a que la FGE emitió este último protocolo apenas en septiembre, en todo el país existe desde 2018 el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
Dicho estatuto posee características idénticas al que recién decretó la autoridad ministerial poblana, inclusive, la misma FGE forma parte de dicho acuerdo. El problema, subraya Cynthia Ramírez, es que desde entonces personal de esa dependencia ha incurrido en diversas omisiones en la atención de delitos contra personas defensoras de derechos humanos.
“En la experiencia que tenemos acompañando a otras personas que denuncian algún tipo de delito, sabemos que la fiscalía no está, a veces, lo suficientemente capacitada sobre este tema de revictimización… es sumamente complejo. Incluso, a veces tener pruebas de que se vulneran derechos humanos se hace tremendamente complejo. Es difícil entender la burocracia y todo lo que conlleva [tan sólo] el presentar una denuncia”, señala la activista.
Por lo tanto, insiste en que al protocolo estatal le hacen falta mecanismos de identificación de actores de peligro, ya que en ocasiones las agresiones son generadas incluso desde las propias autoridades encargadas de aplicar la justicia, como es el caso de las policías y de la propia FGE, por ejemplo.
“Es muy complejo cuando nos damos cuenta que, a veces, esa misma violencia es por parte de las instituciones y de los gobiernos, entonces ¿ahí cómo pueden ser juez y parte, si ellos están ejerciendo esta violencia?”, se cuestiona.
Asimismo, pone la mirada sobre las medidas de protección que, se supone, están garantizadas en el protocolo, pues, aunque en su décimo punto el documento enlista que la autoridad puede aprobar la emisión de estas medidas de salvaguarda, no son claros los lineamientos sobre las condiciones y criterios que deben tomarse en cuenta para su aplicación.
Además, aunque el escrito establece que la persona investigadora debe tener noción sobre los contextos de desigualdad de la víctima –si existiesen–, tales como son género, orientación sexual, estatus migratorio, etcétera, la activista recalca que la redacción del protocolo está hecha a modo de que la decisión final recaiga únicamente en la subjetividad y discrecionalidad de los agentes del ministerio público.
Tampoco se señala si la persona afectada debe acudir presencialmente, o si el proceso debe hacerse en una oficina especializada en este tipo de delitos. Esto es importante debido a que, con base en su experiencia acompañando denuncias y procesos ministeriales, la eficiencia en las querellas es un factor clave, puesto que no sólo ahorra tiempo, sino que disminuye las posibilidades de afrontar impunidad o justicia tardía.
Aunado a ello, reconoce que el personal de la FGE ha faltado muchas veces en reconocer las vulnerabilidades de activistas u otros líderes sociales cuyas vidas han estado en riesgo, por lo tanto reitera su preocupación ante la ambigüedad del protocolo.
A propósito, hace alusión al caso de la señora Blanca Esmeralda Gallardo, una mujer que se dedicó durante los últimos 20 meses a buscar a su hija Betzabé Alvarado, quien desapareció en 2021 tras acudir junto con su amiga a una sucursal bancaria en la ciudad de Puebla.
Además de atravesar su situación individual, la señora Gallardo acompañó también a otras familias de personas desaparecidas en la entidad poblana, razón por la cual se integró también a las filas de un colectivo enfocado en la defensa de los derechos humanos de quienes buscan dar con el paradero de algún ser querido.
A decir de la vocera de REDefine Puebla, pese a que la mujer externó que su vida corría peligro y que, incluso, buscó que la FGE promoviera medidas de protección a su favor, nunca fue beneficiada con estas acciones. La madre buscadora fue asesinada el pasado 4 de octubre, a las afueras de la colonia Villa Frontera, lugar en el que vivía con su hija.
“El caso de Esmeralda, la mamá buscadora, pues al final era defensora de derechos humanos y ella pidió medidas de protección y se le negaron. Sabemos que también hay toda una burocracia para poder acceder a estas medidas de protección y que no se les da a la mayoría de personas que las solicitan”, señala Ramírez Rodríguez.
Exigen transparencia en manejo de información
Una de las características que precisa el protocolo de la FGE en su contenido, es que la autoridad ministerial podrá iniciar una indagatoria independientemente de si una persona agredida interponga o no una querella. Es decir, basta con que alguien, presumiblemente periodista o activista, sufra algún ataque directo o indirecto, ya sea de forma física o a través de plataformas virtuales, para que se inicie una serie de acciones que incluye la revisión de redes sociales personales o de otras aplicaciones individuales de la víctima.
Dentro del ámbito legal, dicha condición está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala el coordinador de Defensa de Artículo 19, Knapp Moreno. En ese estatuto se establece que la autoridad ministerial cuenta con la posibilidad de iniciar un procedimiento de oficio aun cuando no exista una denuncia formal de quien sufre los ataques.
Sin embargo, el abogado de la UNAM reitera que el documento no cuenta con ningún compromiso del Estado poblano para auditar y transparentar los resultados de la aplicación de dicho protocolo, ni mucho menos incluye mecanismos de vigilancia ciudadana o académica, razón por la cual no debería sorprender la desconfianza que dicho precepto genere sobre la sociedad, remarca.
En ese contexto precisamente se encuentra Aranzazú Ayala Martínez, periodista poblana con más de 10 años de experiencia y colaboradora del medio especializado en narrativas sobre desaparición en México, A dónde van los desaparecidos.
Dentro de los “actos y técnicas de investigación”, contenidos en los lineamientos de investigación, la FGE señala en dicho protocolo que pueden investigarse los vínculos personales con los que una persona defensora de derechos humanos o periodista se relacione. Esto incluye las conexiones hechas a través de redes sociales.
Asimismo, se puntualiza que, en caso de ser necesario, la autoridad ministerial podrá solicitar la entrega de datos conservados, como por ejemplo, información sobre la localización geográfica de una persona.
Ante ese contexto, y sin considerarse una experta en conocimientos jurídicos, Ayala Martínez refiere con angustia que la indagación de datos sensibles pueda ser ejecutada por las autoridades sin que una persona tenga conocimiento de ello, es decir, aunque no exista una denuncia formal por parte de la víctima.
“Me parece que es muy riesgoso por el contexto histórico que tenemos en México sobre este tipo de investigaciones. Son como armas de doble filo”, considera.
Por lo tanto, subraya que este tipo de herramientas debe ser auditada por un panel integrado por diversos actores de la sociedad para que, sin comprometer el curso de una investigación, exista la certeza de que no se están utilizando estos mecanismos para generar actos contrarios a los derechos humanos.
Esto adquiere especial relevancia en el contexto actual, insiste, debido a que, gracias a las filtraciones del grupo de activistas informáticos Guacamaya, se ha detectado, entre otras cosas, que algunas personas defensoras de la libertad de expresión se han considerado como actores “de interés” para la seguridad, lo cual deja dudas sobre el alcance que una autoridad deba tener para indagar a la ciudadanía.
“Estamos viendo en el contexto que aquí las autoridades espiaron y señalaron a personas defensoras de derechos humanos, casi casi como insurgencias o foco rojos, es decir, no están respetando una privacidad ¿Cómo nos garantiza que no van a usarlo en contra de las personas?”, cuestiona.
A propósito, el catedrático Cruz Isidoro asegura que es necesario que la FGE incorpore mecanismos de escrutinio que surjan desde la sociedad civil y la academia, e incluyan a dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).
Del mismo modo, señala que la autoridad debe rendir informes periódicos sobre las medidas de protección otorgadas en relación a este protocolo, así como el número de carpetas de investigación que se iniciaron por oficio o por querella, etcétera.
“Este protocolo tiene que someterse una evaluación, hacer informes anuales (...) y valdría mucho la pena la intervención del gremio [periodístico], académicos. Además de musculación debe [venir] con el seguimiento y creo que ese seguimiento sí tiene que ser un seguimiento colectivo o un seguimiento integral (...) para poder modificar el andamiaje donde haya que corregir”, menciona.
No obstante, enfatiza en que este proceso requiere un compromiso legal e institucional alto. Al respecto, la periodista poblana y fundadora del portal Lado B, Mely Arellano, expone que la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos, que fue creada en julio de 2017, durante la administración del ex gobernador Antonio Gali Fayad, sólo ha sesionado dos veces desde su creación, la última ocurrida en febrero pasado.
Todo esto pese a que en su acuerdo de creación se establece que deben realizarse, por lo menos, tres reuniones al año.
Restituir políticas
Pese a lo expuesto previamente, es importante señalar que todas las fuentes consultadas por esta casa editorial coincidieron en que existe una apertura al diálogo desde las organizaciones y activistas para poder integrar una nueva estrategia de planeación para mejorar los alcances del protocolo.
Por ejemplo, Luis Knapp refiere que, durante la elaboración del protocolo homologado nacional que fue decretado en 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) invitó a diversos actores sociales con injerencia particular en el tema de libertad de expresión.
Para finalizar, la vocera de REDefine establece que si bien es muy pronto para determinar si dichos lineamientos son constitutivos de un acto de “simulación”, es importante observar en los meses progresivos al actuar de la FGE, pues ello servirá como un mecanismo de transparencia y evaluación.
“Necesitamos autoconvocarnos entre nosotras, nosotros, a quienes nos está atravesando el tema, y que la Fiscalía transparente esos procesos, para así ver qué seguimiento se le da y ver si al final sirve o no sirve, o si claramente vemos si es la simulación que pensamos y que creemos”, remata.
