La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla determinó que la Fiscalía de Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) violó lo derechos humanos de dos hombres, a los cuales confundieron con delincuentes. A ambos los golpearon y torturaron al grado que uno de ellos se hizo del baño en varias ocasiones por miedo.
La recomendación 17/2022 determinó que el 1 de enero de 2019 se violaron los derechos de estos ciudadanos, pues cuando transitaban por las carreteras de Teziutlán en una moto, los elementos de la FISDAI los golpearon por atrás para que se cayeran del vehículo y los detuvieran.
Cuando los interrogaron les apuntaron con sus armas y los comenzaron a golpear. Los ingresaron en una camioneta, incluso les colocaron bolsas de plástico en la cabeza y los asfixiaron en repetidas ocasiones. Los trabajadores de la Fiscalía les preguntaron “qué en dónde estaban los demás”, pero ellos no sabían de que hablaban, por lo que siguió la tortura.
Después de 20 minutos de tortura, los agentes comenzaron a hablar por radio y decían “ya los tenemos”. Posteriormente se detuvieron en una gasolinera en donde les pidieron identificar a otros tres hombres, pero no los conocían, por lo que los volvieron a golpear y les pidieron decir ¿en dónde estaba el muerto?, pero ellos no sabían de qué hablaban.
“Que si no decía lo que me preguntaban me iban a matar, que nadie se había dado cuenta que nos habían levantado, por lo que yo les decía que no sabía nada de lo que me estaban preguntando (…) nos comenzaron a golpear dándonos puñetazos en las costillas y patadas en el estomago. De ahí uno de los agentes me metió la cabeza entre sus rodillas y me comenzó a jalar los brazos haciéndome palanca, diciéndome que dijera donde estaba el muerto”, dijo uno de los afectados en el informe.
Fiscalía debe dar de baja a agentes responsables
La tortura llegó hasta las instalaciones de la FISDAI, en donde los bajaron y les tomaron fotografías. Siguió la tortura a tal grado que se hicieron del baño por el dolor que les estaban causando. Por todas estas agresiones aceptaron firmar una carta en donde aseguraron que ellos eran culpables de todos los delitos que se les acusaba.
El hombre que hizo la denuncia ante la CDH aseguró que estuvo tres días en la FISDAI y de aquí lo enviaron al Cereso de San Miguel. Le prohibieron tener contacto con sus familiares y le negaron la comunicación con algún abogado. Nunca le mostraron alguna orden de aprehensión y en el informe no indicó si lo dejaron libre después de todo este hecho.
La recomendación indicó que Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del estado de Puebla y Daniel Iván Cruz Luna, secretario de seguridad pública deberán de pagarles las terapias psicológicas al violentado, investigue para saber quienes fueron los agentes involucrados y que se les dé de baja. Asimismo, que brinden una compensación que repare el daño causado, ya sea material o inmaterial.
