Mediante la adición de un artículo al Código Penal del Estado de Puebla, Rocío García Olmedo, diputada del PRI, busca incluir el delito de fraude familiar a fin de aplicar sanción de uno a cinco años de prisión y multa de hasta 26 mil 64 pesos.
La iniciativa que ya se encuentra en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y resolución, consiste en tipificar el delito de fraude familiar, que permita sancionar aquellas conductas tendientes a ocultar, transferir o adquirir bienes del patrimonio común o familiar a terceros, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común.
La diputada expone que la violencia económica y patrimonial son una forma de represión, coacción y chantaje hacia las mujeres y las hijas e hijos, que transgrede los derechos y genera inevitablemente problemas de solvencia e incertidumbre.
Por ello propone adicionar el artículo 407 Bis al Código Penal del Estado para sancionar a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (de 8 mil 688 a 26 mil 64 pesos), en el momento de la comisión del delito.
García Olmedo argumenta que los cónyuges y los concubinos están obligados a coadyuvar de manera equitativa para el mantenimiento del hogar, así como en el cuidado, la educación y alimentación de las hijas e hijos.
Estas aportaciones pueden consistir en una cantidad de dinero u otros bienes que permitan sufragar los gastos de sostenimiento o en actividades para el cuidado del hogar e hijos, en medida y proporción que ambos acuerden, sin que ninguno pueda excusarse o tener prohibido participar por razón de su sexo.
Además que el desamparo familiar, tras la disolución del matrimonio o concubinato, no solo deja heridas emocionales y psicológicas, sino que también visibiliza la violencia económica y/o patrimonial que viven muchas mujeres.
Señaló que al enfrentar un divorcio o separación, los bienes materiales pueden ser un problema cuando alguna de las partes, con la intención de desfavorecer al otro, los traspasa a otra persona o manifiesta recibir un salario inferior al que se percibe realmente, solicitando a su patrón y a las empresas donde labora que informen que sus ingresos son menores y de esta forma se colocan intencionalmente en estado de insolvencia, vulnerando los derechos de los hijos y las mujeres.
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