La Fundación Mary Street Jenkins responsabilizó al Gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta por la liberación de órdenes de aprehensión en contra del rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), sus colaboradores más cercanos y representantes legales.
Esta mañana, el gobernador evitó opinar sobre la instrucción de captura contra Derbez y dijo: "No tengo información, la verdad es un asunto de Fiscalía y del Poder Judicial, no tengo información, ni voy a dar opinión de una orden de aprehensión de la cual el Poder Ejecutivo no es parte".
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La Fundación Jenkins afirmó que los jueces de lo civil 24 y 60 de la Ciudad de México están coludidos con quienes tomaron el control de la universidad el pasado 29 de junio, un patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
La Fundación aseguró que se trata de una "persecución política", ya que el Gobierno Estatal "tiene a su alcance la posibilidad de fabricar órdenes de aprehensión con el aparato que tiene a su disposición".
La FMSJ consideró que el objetivo de fondo es desviar la atención del desacato a la orden de suspensión provisional que emitió el Poder Judicial desde el pasado 15 de julio en beneficio de los Jenkins, mediante la cual ya deberían haber retomado el control físico de la UDLAP.
Indicó que diversos despachos se han alineado al gobierno de Puebla para evitar que se cumplan las órdenes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil.
"Está suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex senador del PAN y Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México".
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La FMSJ anunció que por lo anterior, presentará una denuncia contra ambos jueces ante el Consejo de la Judicatura a fin de que revise "su proceder, vínculos y complicidades".
Por último, consideró que la queja contra los jueces resultará relevante para la revisión del litigio de la UDLAP que realiza Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador.