/ jueves 30 de junio de 2022

Gobernador reconoce rechazo de la SCJN para atraer caso de los Jenkins

Los Jenkins decían que iban a ganar el litigio, recordó el gobernador Miguel Barbosa al señalar que fue una falsedad

La negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el litigio sobre el supuesto desvío de recursos en la Fundación Mary Street Jenkins, fue una decisión contraria a los deseos de la familia Jenkins, consignó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. “[Decían] que iban a ganar el litigio, fue una falsedad, pero así lo decían ellos”, apuntó.

Tras conocerse que el máximo tribunal de justicia de la República Mexicana rechazó encargarse del juicio, que envuelve a seis integrantes de la familia en un supuesto entramado de lavado de dinero, pues se argumentó que los quejosos carecen de facultades legales para hacer la petición, el mandatario poblano dio visto bueno a esa decisión.

“Ellos manejaban esta fundación como si fuera de su patrimonio propio y no como administradores, que lo eran (...) Los Jenkins y sus estrategias de abogados, que [fueron] divulgadas aquí mucho, fue decir que iban a ganar casi el litigio, fue una falsedad, pero así lo decían ellos (...) La Corte no atrajo el caso”, señaló.

En ese contexto, el gobernador Barbosa Huerta criticó que los recursos al alcance de la fundación hayan sido invertidos en la representación legal de los familiares imputados: “Lo gastan en litigios y lo han gastado y se lo han repartido entre muchas personas, y para eso uf, hicieron cosas verdaderamente graves”.

Aunado a ello, hizo hincapié en que el hecho de que el caso haya sido delegado al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, se refiere a que el expediente quedará en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Es por ello que resaltó que la resolución deja ver que “la ley solamente se está viendo aplicada”, ya que refirió que, en tiempos pasados, la justicia había actuado de forma impune a favor de las personas señaladas.

“En otro tiempo, ahí cuando esa barredora jurídica, y de enorme cantidad de dinero, se aplicó a favor de la impunidad (...) El tema no está resuelto, se queda en manos de autoridades federales y del fuero común, de los estados locales, eso es lo que significa (...) pero se señala por todo lo que dijeron los Jenkins”, concluyó.

La negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el litigio sobre el supuesto desvío de recursos en la Fundación Mary Street Jenkins, fue una decisión contraria a los deseos de la familia Jenkins, consignó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. “[Decían] que iban a ganar el litigio, fue una falsedad, pero así lo decían ellos”, apuntó.

Tras conocerse que el máximo tribunal de justicia de la República Mexicana rechazó encargarse del juicio, que envuelve a seis integrantes de la familia en un supuesto entramado de lavado de dinero, pues se argumentó que los quejosos carecen de facultades legales para hacer la petición, el mandatario poblano dio visto bueno a esa decisión.

“Ellos manejaban esta fundación como si fuera de su patrimonio propio y no como administradores, que lo eran (...) Los Jenkins y sus estrategias de abogados, que [fueron] divulgadas aquí mucho, fue decir que iban a ganar casi el litigio, fue una falsedad, pero así lo decían ellos (...) La Corte no atrajo el caso”, señaló.

En ese contexto, el gobernador Barbosa Huerta criticó que los recursos al alcance de la fundación hayan sido invertidos en la representación legal de los familiares imputados: “Lo gastan en litigios y lo han gastado y se lo han repartido entre muchas personas, y para eso uf, hicieron cosas verdaderamente graves”.

Aunado a ello, hizo hincapié en que el hecho de que el caso haya sido delegado al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, se refiere a que el expediente quedará en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Es por ello que resaltó que la resolución deja ver que “la ley solamente se está viendo aplicada”, ya que refirió que, en tiempos pasados, la justicia había actuado de forma impune a favor de las personas señaladas.

“En otro tiempo, ahí cuando esa barredora jurídica, y de enorme cantidad de dinero, se aplicó a favor de la impunidad (...) El tema no está resuelto, se queda en manos de autoridades federales y del fuero común, de los estados locales, eso es lo que significa (...) pero se señala por todo lo que dijeron los Jenkins”, concluyó.

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