El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se comprometió a aclarar las observaciones de poco más de 3 mil millones de pesos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública del Estado poblano correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
Pese a que la autoridad federal evidenció posibles inconsistencias por hasta 3 mil 244 millones 900 mil pesos, todos ellos utilizados durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, Céspedes Peregrina precisó este día en rueda de prensa que será en próximos días cuando su administración clarifique el destino de todos esos recursos.
“Nuestro compromiso será siempre hablar de frente, con la verdad, asumiendo, cuando tengamos áreas de oportunidad, nuestra propia responsabilidad, pero jamás sin especulación, siempre de frente a la ciudadanía”, recalcó.
- Seguir leyendo: En desventaja aspirantes a la secretaría del SNTE 23 que no son del comité: Juan Carlos Esquivel
Monto observado es el 3% de todo lo ejercido en 2022: Finanzas
Por su parte, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado, Teresa Castro Corro, mencionó que el monto cuestionado por la ASF equivale apenas al tres por ciento de todo lo ejercido durante ese año, cuando la entidad tuvo un presupuesto devengado de 100 mil millones de pesos.
En cuanto a las observaciones de la entidad fiscalizadora, la funcionaria explicó que 2 mil millones de pesos corresponden a solicitudes de aclaración, es decir, el Estado poblano debe clarificar cuáles fueron los procesos de gestión del recurso y no precisamente aclarar sobre el destino del dinero público.
“Quiero destacar que, de este importe, la ASF tipifica los hallazgos de acuerdo a la naturaleza de los mismos, cerca de 2 mil millones están tipificados como solicitudes de aclaración. ¿Qué significa esto?, que no es un tema económico, se cuantifica porque la auditoría necesita ver los procesos, [eso es] lo que tenemos que hacer como solicitud de aclaración”, detalló.
En referencia a los poco más de mil millones de pesos restantes, Castro Corro apuntó que fueron identificados por la autoridad federal como “pliegos de observación”, lo que significa que las entidades estatales y municipales señaladas sí están obligadas a informar sobre la ejecución del recurso.
En este caso, sin embargo, señaló que la inconsistencia detectada corresponde a un estricto asunto burocrático. Esto se debe a que el Poder Ejecutivo generó tabuladores financieros que cerraron en diciembre de 2020, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó dichos parámetros hasta mayo de 2021.
“Lo que necesitamos es armar los expedientes, es una cuestión de trámites que se está trabajando y que, sin lugar a duda, con la indicación que tenemos del gobernador, estaremos atendiendo todas y cada una de las dependencias que estamos involucrados en el proceso”, añadió.
Análogamente, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Juan Carlos Moreno Valle Abdala, indicó que el erario poblano fue ‘ligeramente’ señalado en cuestión de recursos ejercidos para obra pública, es decir, 5 millones de pesos.
Desde su perspectiva, el monto es reducido en comparación con el universo de recursos con solicitud de aclaración. Empero, afirmó que la administración estatal gestionará los trámites de clarificación del destino de ese dinero próximamente, debido a que recordó que el Estado poblano cuenta con un periodo máximo de 30 días hábiles para clarificar lo ejercido.
“Quiero comentar que, de obra pública, no fuimos observados con nada; nos piden una solicitud de aclaración por 5 millones de pesos del ejercicio 2021, mismo que ya tenemos la documentación comprobatoria. Es importante mencionar que casi todas las observaciones son solicitudes de aclaración que nos hace la autoridad, y van más que nada en temas de registros contables”, consideró.
Finalmente, cabe recordar que una de las dependencias que acumuló varios miles de pesos en supuestas inconsistencias fue la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la gestión del extitular, Melitón Lozano Pérez, consolidando un presunto daño patrimonial a las arcas federales.
En el reporte de la ASF quedó evidenciado que fueron ejercidos 2.7 millones de pesos para pagar la nómina de profesores fallecidos o que se reportaron como dados de baja. Asimismo, se encontró que se utilizaron 24.3 millones de pesos para pagar los suelos de presuntos maestros adscritos a seis centros de trabajo distintos y con responsabilidades diversas.